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El Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón ya tiene redactado el anteproyecto de una de las leyes más reivindicadas en la comunidad autónoma en los últimos 20 años: la de lenguas. El propio presidente aragonés, Marcelino Iglesias, nada más volver de las vacaciones de agosto, dio orden a la consejería para que se empezara a redactar esta iniciativa legislativa, atascada desde hace años y que se ha convertido en una de las prioridades para el Ejecutivo. Entrará en las Cortes en un plazo aproximado de seis meses. Posiblemente, se podría aprobar dentro de un año.

Según fuentes del departamento, la ley está articulada en tres principios básicos: el derecho de los ciudadanos a conocer y usar tanto el catalán como el aragonés, el fomento de su uso en aquellas zonas donde existen hablantes y la garantía de su aprendizaje, que se regulará además en la ley aragonesa de educación. Esta otra ley también se remitirá en unos meses a las Cortes para su debate y posterior aprobación.

SIN COOFICIALIDAD Esta ley reconocerá derechos pero no será "impositiva", apuntan desde la consejería. Según aseguran, existe mucho trabajo previo, ya que ha habido varias veces que ha estado a punto de iniciarse su tramitación parlamentaria, aunque finalmente siempre se ha quedado en el cajón. De este modo, no serán cooficiales en Aragón. "Regulará las relaciones de los hablantes y, eso sí, obliga a la Administración a emplearlas en las zonas donde se hablan si los habitantes se dirigen a ella en alguna de estas lenguas", señalan.

La ley aún no tiene perfilado cómo se regulará el conocimiento del funcionariado en esas zonas. Posiblemente, como un mérito. Asimismo, se legislará sobre la formación y la capacitación del personal de la administración.

La voluntariedad es uno de los aspectos en los que más se insiste desde la consejería. Dos asesores lingüísticos, varios responsables de asociaciones y los servicios jurídicos están ultimando el documento, cuyo borrador definido podría estar listo a principios de noviembre. Al frente del equipo está el viceconsejero Juan José Vázquez. "Será una ley asumible por todo el mundo, porque recoge derechos, pero no presiona a nadie", apuntó.

Hay un trabajo previo --dictámenes sobre política lingüística realizados en las Cortes en anteriores legislaturas-- que sirve como punto de partida. Por fin se destierra la denominación de las dos lenguas. Serán el aragonés y el catalán, aunque esta segunda podría recibir el nombre de catalán de Aragón o catalán occidental. Pero nunca habrá, en este sentido, "decisiones políticas"..

Para realizar un estudio riguroso, se constituirá una comisión científica que confluirá en un órgano regulado por ley: el Consejo Superior de Lenguas de Aragón. Este consejo estará constituido por 12 miembros de la Administración, del ámbito científico y de las asociaciones, y estudiará cómo se aplican las leyes y tendrá potestades en terminologías y antroponimias.

Además, se revisará el atlas sociolingüístico que determinará el estado de las lenguas, su censo y su estado. En el caso del catalán hay menos problemas que en el del aragonés, en franco retroceso y con más problemas de supervivencia. Algunos cálculos estiman que 70.000 y 10.000 personas, aproximadamente, hablan estas lenguas.

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Comentarios (1)

1. oscar - 23/01/2008 - 17:16:11 h.
   yera ora ya de salir de l´almario,y encara que ye una lei prou modesta,ye un paso importán,perque se nos reconoix como personas,encara que no a o mesmo ran que la chen de luenga castellana materna.Talmén sia aconsellable ta las luengas aragonesa y catalana ir conquistando terreno,en o campo d´os dreitos ,poco a poco.Pero ye (u sería,que cal beyer si la fan) un paso importán a l´ora d´ir recobrando a nuestra dinnidadat como parladors d´aragonés y catalán .Per muitos diners que metan ta la lei de luengas no serán nunca tantos como l´esfuerzo que metión ta estricallar l´aragonés y o catalán. Marcar como inadecuado
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