Opinión
Martes 9 Febrero 2010
24/10/2007 Antonio Aramayona (Profesor de filosofía)
Muchos de quienes ahora advierten de que remover los acontecimientos de la guerra civil y la posguerra rompe España y divide a los españoles han estado callados (vete a saber si también contentos) con el estado de cosas existente durante cuarenta años de franquismo. No abrieron la boca ante el mastodóntico Valle de los Caídos, construido por los presos republicanos en condiciones de verdadera penuria, donde fueron enterrados los dos adalides fascistas José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, así como también --dicen-- decenas de miles de combatientes de ambos lados, todos ellos bajo la inscripción "Caídos por Dios y por España", lo cual no es precisamente neutral ni reconciliador. Nada han dicho tampoco cuando, año tras año, el monumento es visitado y venerado por lo más granado de la ultraderecha, nostálgica del régimen anterior.
HA HABIDO, sigue habiendo, en España muchos ciudadanos a quienes les sigue doliendo mucho el final de sus seres queridos. Fueron apresados por el delito de ser fieles y cumplir sus promesas con la España que los españoles habían decidido democráticamente en las urnas, por el delito de defenderla contra el golpe de Estado y la agresión militar de algunos generales, amparados por la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Algunos pudieron huir a otros países, donde en ciertos casos murieron en soledad y sin el cuidado y el cariño de sus seres queridos (éstos quieren reparar ahora esos dramas personales, esas injusticias indeseadas). Otros muchos acabaron fusilados vilmente, por mucho que en algunos casos se les hicieran juicios de sainete o de puro trámite, o murieron de mil enfermedades en campos de concentración o en la cárcel.
Al mismo tiempo, en las paredes de las iglesias podía verse, esculpido o en lápida, el recuerdo de los pertenecientes al bando franquista de la localidad, encabezados por José Antonio. Los del otro bando simplemente no existían, de ellos no se hablaba, jamás fueron públicamente recordados, parecían oficialmente malditos. Sin embargo, muchos de los que ahora se lamentan de que la Ley de Memoria Histórica remueve inútilmente los sucesos del pasado no se quejaron ni lamentaron ni denunciaron aquella situación. Más aún, incluso les parecía de perlas.
Muchos ciudadanos españoles quieren saber qué fue de sus seres queridos represaliados en y por la dictadura franquista, dónde están sus restos. No pudieron ser llorados en público, pues corrían el riesgo de sufrir el mismo castigo que ellos. No pudieron ser honrados y queridos en las últimas horas de su vida, en las horas postreras a su muerte. Estos ciudadanos reivindican que se les reconozca su dignidad, su bonhomía, su generosidad, su coherencia.
Ellos y sus familias fueron tratados como enemigos de la Patria, cuando dejaron sus vidas por unos ideales y valores que anhelaban paz, libertad y justicia para todos. Ellos y sus familias fueron privados a veces de los medios y enseres mínimos para ganarse la vida en igualdad de condiciones. ¿Qué tiene que ver con la rotura de España reconocer legal y públicamente su presencia, con todos los derechos y honores, entre todos los ciudadanos? ¿No es una manera diáfana de mostrarles la gratitud, la honra, el cariño de todos? ¿No es asimismo una vía magnífica de asentar a España en los valores democráticos que ellos defendieron con tanta valentía, con tanta generosidad?
ES HORA DE restituir a todos ellos la dignidad social que sus verdugos intentaron arrebatarles. Aún no es demasiado tarde para que todos los protagonistas de aquella desventura, vencedores y vencidos, resulten evaluados según los valores democráticos recogidos en la Constitución.
Por mucho que el exministro Mayor Oreja pretenda maquillarlo, Franco fue un golpista y un dictador, que durante cuarenta años se mantuvo en el poder por privar a la ciudadanía española de sus derechos fundamentales. Los monumentos, símbolos y signos del franquismo representan sólo un régimen nefando y vitando, que a los ojos de la ciudadanía ha de significar únicamente lo que jamás debe volver a ocurrir. El mantenimiento de cualquiera de ellos se justificaría sólo por los mismos motivos y objetivos que se han mantenido en pie Auschwitz o Dachau.
Quienes ahora advierten de que remover los acontecimientos de la guerra civil rompe España y divide a los españoles ignoran cuanto de tragedia personal, familiar, social y política hubo en decenas de miles de hogares españoles.
Por otro lado, la Ley de Memoria Histórica les parece insuficiente a algunos. Tienen mucha razón, pero es todo lo que han podido acordar y concordar, tras mucho tiempo de negociación y diálogo, todos los partidos políticos y los grupos parlamentarios, salvo PP y ERC (una vez más, los extremos se tocan).
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