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Miércoles 10 Febrero 2010

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• Juicio por las fincas aportadas a Cerler porlos vecinos14/11/2007

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La Fiscalía ha denunciado al Ayuntamiento de Benasque ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tras concluir que el convenio urbanístico suscrito entre el consistorio y dos empresas constructoras para la transformación del Palacio de los Condes de Ribagorza en centro social pudiera, "indiciariamente al menos, revestir los caracteres de un ilícito contable", según recoge una resolución del ministerio público. El convenio facilitó un pelotazo de varios millones al recalificar una finca a cambio del centro social.

Fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron que al ayuntamiento le ha sido abierto un juicio contable para determinar si el convenio constituye alguna infracción de las legislación. De resultar condenado en este procedimiento, el consistorio --o las personas que fueran declaradas responsables de una posible malversación-- debería reintegrar el desfase económico más los intereses legales, que pueden llegar al 20%.anual de los fondos.

El convenio fue suscrito entre el ayuntamiento y las empresas Proyectos y Desarrollos Urbanos Man y Acegi, propietarios de una finca de 19.010 metros cuadrados en el Camino Anciles cuya catalogación urbanística reducía a 6.280 metros las posibilidades de edificación.

El acuerdo contemplaba que las empresas cedieran al consistorio, "gratuitamente y libre de cargas y gravámenes", el palacio --conocido como Casa Albar y valorado en 1,2 millones en 1999-- tras rehabilitarlo con una inversión de 5,46 millones de euros y con el depósito previo de unos avales bancarios por ese valor a favor del ayuntamiento.

El consistorio, por su parte, debía recalificar la finca como suelo urbano no consolidado, con lo que pasaba a tener 14.999,69 metros cuadrados edificables y capaces de albergar viviendas que sumaran 17.156,14 metros cuadrados de techo. Las empresas quedaban eximidas de entregar el 10% legal del suelo porque la cesión ya había deducido esa superficie "en las aportaciones como área de ensanche". Las constructoras se encontraban así, según valoraciones del sector inmobiliario, con una expectativa de negocio de quince millones de euros que saldría del abanico existente entre comercializar 170 pisos de cien metros y 428 de cuarenta.

CASTANESA Por otro lado, la Fiscalía de Huesca mantiene abiertas las diligencias sobre el convenio urbanístico por el que una filial de Aramón, el hólding semipúblico aragonés del esquí, financió la redacción de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, municipio en el que la empresa privada --participada al 50% por Ibercaja y la DGA-- promueve una estación de esquí para cuyo impulso y financiación ha suscrito opciones de compra sobre la mayor parte de los terrenos recalificados.

El ministerio público ya dispone de diversa documentación sobre el proceso urbanístico, que ahora se encuentra en la Comisión de Ordenación del Territorio de Huesca.

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