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Martes 9 Febrero 2010

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El centro de internamiento de menores de Juslibol "incumple de manera flagrante la recomendación del Defensor del Pueblo de 2002 en cuanto a la ubicación y las dimensiones y es, literalmente, una réplica a escala de la macrocárcel de Zuera". Así lo afirma un informe sobre la situación de la protección y reforma de menores en Aragón que ayer fue presentado por la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón (Asapa).

Mediante un chequeo a los diferentes servicios de la DGA en esta materia, el informe destaca las disfunciones que afectan a todas las dependencias o "recursos" dedicados en la comunidad a la acogida y protección de adolescentes, así como al cumplimiento de la Ley del Menor.

Por la importancia de las instalaciones de Juslibol, las más modernas de estos servicios de la DGA con algo más de un año de funcionamiento, el estudio incide en las disfunciones del mismo.

Además de la situación poco idónea del centro, fuera de las zonas urbanas, y de su arquitectura y estética penitenciaria, el informe también critica algunos aspectos del tratamiento que se sigue en sus dependencias, especialmente en los que hacen referencia a la salud mental de los internos.

"Desde que la Fundación para la Atención Integral del Menor accedió a la gestión del centro, la integración del módulo terapéutico, así como sus planteamientos y prácticas están priorizando la medicalización hasta hacerla extensiva a una gran mayoría de los internos", señala el informe.

En este sentido, denuncia que el facultativo psiquiatra contratado diagnostica y propone el tratamiento de los afectados con información indirecta, recibida por los miembros del equipo educativo, a los que ni siquiera conoce.

La privatización de diferentes centros de acogida de la comunidad, en el marco de una tendencia a reducir las prestaciones públicas a sus funciones mínimas, es criticada en el estudio, ya que supone la mercantilización de un servicio "que trabaja con y para personas". Como consecuencia de ello, "en lugar de adaptar los recursos dedicados a las medidas necesarias, las que se ejecutan se han de acomodar a los recursos disponibles".

Centros de acogida masificados, instalaciones poco aptas y sistemas inadecuados son las principales deficiencias criticadas por Asapa en el informe, en el que se asegura que "la deficiente organización de los recursos y la ausencia de suficientes medios humanos, técnicos y económicos jalonan el sistema de de protección y reforma de menores".

En opinión del equipo que ha elaborado el detallado estudio, estas deficiencias son consecuencia "de una falta de medios evitable y, por consiguiente, de la falta de voluntad política para destinar más recursos a los ámbitos sociales" y utilizarlos de la forma más eficiente, es decir, de la manera más útil posible para sus destinatarios.

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