Tema del día
Martes 9 Febrero 2010
27/03/2009 E. B. D. / A. I. I.

El Parlamento Europeo ha incluído La Muela en el mapa comunitario de los abusos urbanísticos. La Eurocámara aprobó ayer una dura resolución --conocida como Informe Auken-- en la que censura los desmedidos desarrollos registrados en varias zonas de España y la falta de controles administrativos --entre los que destaca la dificultad para perseguir las prácticas corruptas y el blanqueo de dinero--. Denuncia la "avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado".
La Muela lleva una semana en el candelero. Desde que la Policía detuvo a 19 personas sospechosas de integrar una trama de corrupción urbanística que habría movido cifras millonarias en sobornos y comisiones. La alcaldesa, María Victoria Pinilla, el concejal Juan Carlos Rodrigo y el constructor José Carlos Fernández Delgado están en prisión por esta causa, en la que ya hay imputadas 26 personas.
La resolución incluye un centenar y medio de quejas presentadas por ciudadanos, colectivos y cargos públicos sobre abusos urbanísticos cometidos en España. Una de ellas la formuló el coordinador de IU en Aragón y diputado, Adolfo Barrena, que alertaba sobre la "expansión desorbitada" del número de viviendas construidas en La Muela y el "crecimiento urbanístico e industrial desproporcionado y desordenado" del municipio, "que está acabando con los elementos de su patrimonio natural y su identidad como pueblo".
"Ese modelo expansivo es insostenible", añadía la queja, que recordaba que la construcción de 9.000 viviendas en las urbanizaciones Acampo Moncasi y Alto de La Muela supuso "la destrucción de grandes extensiones de suelo con vegetación esteparia de alto valor ecológico que albergaban especies protegidas".
La queja, presentada a finales del 2006 y que anotaba que miles de hectáreas de estepa de alto valor ecológico han desaparecido entre La Muela y Cuarte, denunciaba que grandes promotores compran a alto precio y para especular en el futuro, entre Pla-Za y Centrovía, cientos de hectáreas en las que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza veta las urbanizaciones con el objetivo de preservar el ecosistema productivo agrario.
El informe del Europarlamento, que centra el grueso de los comentarios en desarrollos costeros, recoge buena parte de las tesis de Barrena.
La resolución critica la "aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y ambientales vigentes en las comunidades autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas". En el caso de La Muela, incluso la DGA ha llevado a los tribunales algunas decisiones del consistorio.
También denuncia la existencia de "muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que debían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización". Ante esta situación, recomienda a "las autoridades regionales competentes" que suspendan y revisen "todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social". La Muela no será finalmente incluida en el listado de municipios íntegramente afectados por el Plan de Conservación del Cernícalo Primilla, aunque la especie lo habita.
LAVADO DE DINERO El documento muestra su "preocupación" por el hecho de que España no haya llevado a cabo "una trasposición correcta" de las directivas comunitarias sobre blanqueo de dinero, "lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados proyectos urbanísticos de gran envergadura". Los tres encarcelados en la Operación Molino y el marido de la alcaldesa, Antonio Embarba, están imputados por blanqueo de capitales.
Por último, anota que España puede sufrir un recorte de Fondos de Cohesión --utilizados para financiar algunos de los proyectos denunciados-- si no sigue sus indicaciones.
Barrena consideró el informe, que recibió el voto en contra de PSOE y PP, como "una buena noticia" porque reconoce "que estos son los efectos de un modelo económico equivocado que exigen una respuesta política".
"Ahora toca hacer cambios legales y tomar medidas visibles para mostrar a los europeos que el Estado Español y los gobiernos autonómicos toman en serio las críticas recibidas", dijo David Hammerstein, eurodiputado de Los Verdes.
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