Marcelino Iglesias llenó el viernes el hotel que acogió la primera conferencia económica del dirigente del PSOE en su doble condición de presidente de Aragón y secretario de organización de los socialistas. Hubo codazos para coger sitio en el Foro Cinco Días, en el que el político es habitual todos los otoños, un buen espacio para analizar mensajes de fondo y encontrar respuestas sobre los asuntos de mayor actualidad. Quien pensara que Iglesias comparecía dispuesto a ofrecer una receta novedosa estaba equivocado. Sin salirse del guión, el líder autonómico hizo suyo el catálogo de medidas y de objetivos de la política económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero: mantener las políticas de austeridad que lleven a los mercados a recuperar la confianza, acelerar los planes de reforma iniciados con lo laboral, el sector financiero, las políticas activas de empleo y ahora las pensiones. Todo ello con el objetivo último de reducir el déficit, mantener la cohesión social, crear puestos de trabajo y corregir desequilibrios previos para estimular un modelo económico compensado, competitivo y duradero. Poco que ver con lo manifestado en esa misma tribuna hace solo un año, cuando dos trimestres consecutivos de mínimo crecimiento permitieron al presidente aragonés dar por finalizada formalmente la recesión en Aragón, afirmar que lo más duro de la crisis ya había pasado y anunciar que mantendría la política hoy preterida de gasto e inversión pública como antídoto contra la paralización de la actividad privada.

No se mojó esta vez Iglesias sobre la posibilidad de que España deba decretar ajustes adicionales inmediatos en las cuentas públicas--"las medidas son ya lo suficientemente importantes"--, ni sobre el desenlace de la reforma de las pensiones --se limitó a afirmar que "el Gobierno mantendrá su propuesta ante el Pacto de Toledo", donde se buscará un acuerdo de amplio espectro--. Tampoco respecto de la prestación de los 426 euros para parados de larga duración, pues recordó que la paga-subsidio está asegurada hasta el mes de febrero pero depende de la negociación política de los presupuestos. "A mí me gustaría que se pudiera mantener", añadió. Fue no obstante en esta materia, el desempleo, la única en la que el dirigente aragonés se atrevió a abrir un melón nuevo al poner sobre la mesa las contradicciones de un país que, con un 8% de activos en paro en 2007, tuvo que importar mano de obra extranjera. ¿Por qué existe ese paro técnico tan elevado incluso en momentos de bonanza? ¿Cuál es el coste que debemos soportar?, vino a reflexionar el presidente.

El debate del paro y las prestaciones públicas es el verdadero caballo de batalla de las últimas semanas en Europa, de momento soslayado aquí por la virulencia de un escenario que aún no nos permite vislumbrar la creación de empleo. La polémica se ha agitado aún más después de que se conociera esta semana que el Gobierno británico endurecerá el sistema de ayudas para los desempleados quitando los subsidios al parado que rechace tres ofertas laborales seguidas. El presidente de Reino Unido, David Cameron, llegó a afirmar desde Seúl, sede de la reunión del G-20, que el mensaje que se pretende trasladar es que "si un británico puede trabajar, vivir de las prestaciones ya no será una opción". La controversia sobre los sistemas de protección social ha calado en un país en el que cinco millones de sus ciudadanos viven de ayudas o subsidios, y en el que casi un millón y medio de personas ha estado en paro en nueve de los últimos diez años. Siguiendo el refrán español sobre las barbas del vecino, si los funcionarios españoles andan preocupados al ver que países con gobiernos de centroderecha como Reino Unido están dispuestos a despedir a trabajadores públicos, ahora la preocupación se traslada también a los parados.

No hay por qué inferir que el mensaje de Iglesias respecto del desempleo tenga nada que ver con soluciones al estilo del gobierno conservador británico, de cuya política económica abomina. Pero no es menos cierto que al ciudadano medio, hacendoso, trabajador y formal le preocupan estas cosas. Al final, el debate laboral, de las pensiones y de los sistemas de cobertura pública se enmarcan en el conjunto europeo, al ponerse en tela de juicio el mantenimiento de todos los sistemas de protección. Y no parece que las potencias continentales estén dispuestas a conceder excepciones.

En este asunto, recogiendo el guante lanzado por Iglesias, toca que los partidos hablen claro y busquen acuerdos que garanticen coberturas razonables en un escenario de crecimiento aún limitadísimo. El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó hace solo unos días que se siente atraído por los programas económicos de Cameron. Pero no caben muchas dudas de que una cosa es lo que diga y otra lo que votaría llegado el caso. Si el mantenimiento de la ayuda de los 426 euros a parados con el periodo de cotización expirado vuelve al Parlamento seguro que apoyará para no espantar a futuros electores.

No es momento de falsas promesas, sino de marcar prioridades. Los mencionados Iglesias y Rajoy saben que hay debates incómodos que tocará abrir en España en unos meses, acosadas como vuelven a estar por los mercados las economías más débiles o descompensadas de la UE. Y el de los sistemas de protección en este escenario de paro prolongado será uno de ellos. Un asunto en el que probablemente será difícil el acuerdo entre políticos y, también, con los agentes sociales. Difícil pero no imposible, porque la cohesión empieza por abajo, por las capas más desfavorecidas de la población estén o no apuntadas al Inem, pues tienen las mismas necesidades vitales que cualquiera.