Cuatro meses ha durado la polémica que despertó la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales al intentar mercantilizar el Servicio de Atención a Maltratadas que históricamente habían ejercido los colegios de abogados de las tres provincias. El concurso quedó desierto y, ante tal situación, la legislación lo permite, señalan desde el Ejecutivo. Durante semanas se arguyó que una normativa europea lo exigía pese a que los colegios de abogados lo venían prestando históricamente. Si funcionaba no hay que hacer experimentos.
