Este pasado mes de diciembre se ha aprobado a propuesta de Chunta Aragonesista, por unanimidad y por primera vez en toda la historia democrática de las Cortes de Aragón, una iniciativa sobre las denominadas “desapariciones forzosas de bebés” entre los años 1940 y 1990.

Es necesario leer esta página de nuestra historia, de las muchas que no quieren ser leídas, para entender la magnitud y el origen del problema. Páginas imposibles de pasar, por mucho que se empeñen, sin ser revisadas antes.

El comienzo tiene nombre propio Antonio Vallejo Nájera, nuestro propio “Doctor Mengele”. Psiquiatra del régimen franquista, en 1917 fue enviado como agregado a la Embajada de España en Alemania lo que le permitió acercarse a las “teorías eugénicas nazis” y hacerse un ferviente admirador de su ideología.

Ya de vuelta de su experiencia germana creó el Gabinete de Investigaciones Psicológicas del Ejército. Se debía identificar el “gen rojo” y posteriormente eliminarlo para lo que era fundamental separar a los hijos e hijas de los republicanos de sus madres. La dictadura militar dio cobertura legal y jurídica a este sistema destacando la Ley del 4 de diciembre de 1941 donde se permitía el cambio en el nombre y en los apellidos si era oportuno.

En década de los años 40 y 50, el robo de niños es un instrumento más de represión política, mientras que en los 60, 70 e incluso ya en los 80 responde a una represión más de tipo moral. Creerse en posesión de la “llave de la moralidad” determina que una mujer no puede tener su hijo, su hija, si es madre soltera.

El negocio estaba funcionando a la perfección, decenas de “redes de robos de bebés” funcionaban a lo largo y ancho del Estado español y proseguían con su lucrativo negocio, incluso cuando ya no había niños que robar en cárceles las madres solteras fueron su objetivo. El aumento de la demanda hizo que incluso cualquier mujer pudiera ser objeto del robo de bebés. Las miles de vidas que han sufrido este “macabro negocio” son suficientes como para comenzar a manifestar ya la solidaridad y apoyo a las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos en todo el Estado.

Por estos motivos presentamos esta proposición no de ley en Las Cortes de Aragón, para reconocer públicamente que tan víctimas son los propios menores sometidos a desaparición forzada y posterior compraventa o entrega, como sus madres, padres y hermanos. Todas las víctimas tienen por igual el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en todas las formas reconocidas por las Naciones Unidas.

Es necesario adoptar todas medidas para garantizar el acceso de las víctimas, así como de las personas responsables de la investigación, a los archivos eclesiásticos y archivos de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas infantiles encaminadas compraventas de seres humanos, así como a otros archivos y registros de las administraciones.

Es imprescindible la puesta en marcha de una Comisión por el Derecho a la Identidad que, se ocupe del impulso de la investigación de las desapariciones infantiles en todo el Estado, en la que se garantice una participación efectiva y real las asociaciones de afectados de todo el país. Y sin duda lo más importante, a juicio de Chunta Aragonesista, la puesta en marcha de banco público aragonés de ADN.

Los poderes públicos, por activa en unos casos y por pasiva en otros, fueron responsable de este “robo sistemático”. Ahora tienen que hacer todo lo posible para esclarecer estos casos propiciando que la justicia no siga mirando para otro lado. Es un paso hacia delante, aún siendo conscientes que nada puede reparar el dolor de las madres a las que le fueron arrebatados sus bebes, el daño provocado a miles de familias destrozadas, la angustia de los hermanos y hermanas que han estado buscando y solo encontraban esos muros de piedra insalvables.

*Portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón