Cada vez que buceo en los problemas que han surgido y surgen en la relación entre administraciones públicas y empresas privadas (relación constante y espesísima) alguno de mis próximos piensa que estoy aferrándome a la naturaleza estatalista y burocrática habitual en las izquierdas, o que no capto en su enfoque más positivo las posibilidades de la colaboración entre ambos sectores, o que le quiero hacer el juego al bueno de Cubero, concejal con el que nunca tuve relación y cuyas opiniones, en general, me son ajenas y antipáticas. Pero en realidad lo que siempre he querido decir al respecto es que en Aragón, y hablando también en términos generales, la llamada externalización de diversos servicios y actividades ejercidas teóricamente por las instituciones suele estar viciada, producirse de manera oscura (cuando menos) y acabar en resultados mediocres si no definitivamente malos. Así que cuando el equipo que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza (o lo intenta) pretende remunicipalizar alguna de sus contratas ni me sulfuro ni creo que estemos ante ninguna barbaridad. Quizás sí, o tal vez no. De momento me basta con escandalizarme por la forma en que las adjudicatarias (desde Auzsa hasta FCC) llevan a cabo (o no lo llevan) su complejo cometido.

Lo que creo es que el sector público habría de ser mucho más eficiente y creativo, lo cual atañe no sólo a los políticos sino también a las poderosas cúpulas funcionariales e incluso al funcionario de a pie, al personal estatutario y al contratado. Las administraciones podrían y deberían ejercer sus competencias con solvencia y emprendimiento, con productividad y compromiso. Y no existe ninguna regla por la cual no hubiesen de hacerlo con mejores resultados y mayor rentabilidad que cualquier empresa. Ocurre en la sanidad, por ejemplo. El Salud, pese a los recortes, el desconcierto, la desorganización y el corporativismo de sus trabajadores más cualificados, es mil veces mejor que cualquiera de sus contrapartidas privadas.

Tampoco cabe descartar bajo ningún concepto ni en nombre de ningún dogma la posibilidad de que las instituciones contraten obras y servicios con empresas privadas o convenien y subvencionen iniciativas de la sociedad civil. Siempre y cuando se haga con transparencia, a precios razonables, bajo condiciones estrictas y con un seguimiento exhaustivo de los resultados. Esto no suele ocurrir, claro. Se externaliza mal; se compran servicios y equipamientos casi peor. Desde las famosas depuradoras hasta la adquisición de programas informáticos, desde la adjudicación de obra pública hasta los conciertos escolares, la ruta está llena de baches.

Administraciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, personas y colectivos creativos... Todos están llamados a construir un entramado comunitario en el que Estado y sociedad se equilibren e interactúen. La clave está en hacerlo bien, con eficacia y honradez. Aragón debería estar escamado tras la experiencia de sus sociedades públicas, del apoyo institucional a demenciales proyectos privados y de tantas contratas y conciertos a la medida de sus beneficiarios. Ese es el tema.