Tres años ha tardado el Gobierno de Mariano Rajoy en firmar un acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, para actuar en el colectivo de parados, de larga duración, con responsabilidades familiares y sin rentas ,que hayan trabajado antes y tengan agotadas hace más de seis meses las prestaciones del desempleo. Demasiados meses ha necesitado para actuar sobre aquellos colectivos que peor lo están pasando, al haber sido expulsados del empleo hace tiempo y tener pocas posibilidades de volver.
Desde hace años, seis de cada diez parados (3,3 millones) llevan más de un año buscando empleo, de ellos cuatro de cada diez (2,8) llevan más de dos, hay 500.000 hogares sin ninguna renta de origen laboral, la tasa de cobertura por desempleo ha caído más de 20 puntos en los tres últimos años, (rondamos el 55%) y el "mantra" de la recuperación que tanto gusta decir al Gobierno, solo se refleja en los beneficios de las entidades financieras, han crecido un 11,1%.
¿Porqué ahora? salvando los inescrutables designios del presidente, el desolador panorama les obliga a hacer algo, el PP no puede entrar en campaña electoral investido de la constatada insensibilidad social que ha esgrimido estos años, precisa revestirse de una imagen más dulce frente a la pobreza y la exclusión social. De ahí que aún sabiendo de su cicatería y electoralismo con el que está aplicando algunos cambios, haya que considerar positivas estas medidas que pueden afectar a más de medio millón de personas, que necesitan para vivir los 426 euros, aunque solo sean seis meses y eso les obligue a "suscribir un compromiso de actividad que incentive la búsqueda de empleo, realizando un itinerario personalizado de inserción adaptado al perfil del demandante, en base a las actividades de formación, orientación y asesoramiento, imprescindibles para su empleabilidad".
A pesar de que las organizaciones sindicales llevan meses demandando actuaciones con los parados de larga duración que les garanticen ayudas en tanto se reciclan y se insertan en el empleo ,el programa extraordinario de actuación para el empleo firmado el pasado lunes se queda muy corto y muy alejado de sus intenciones, primero por el tiempo de prestación, en seis meses difícilmente se podrá reciclar y capacitar para buscar otro empleo y segundo por la inversión prevista, cuando la ministra Fátima Báñez esgrime el gran esfuerzo presupuestario (1.300 millones) como garantía del compromiso social del gobierno se olvida de los recortes en prestaciones por desempleo de este año, 4.200 millones y los 5.500 menos para 2015, recortes que son en gran parte el origen de la situación de docenas de miles de personas que deberán ser apoyados por este programa al quedarse sin cobertura de desempleo.
Si los SPE andan saturados por la gestión del pago de las prestaciones y subsidios, los recortes de personal y la no reposición de efectivos ¿cómo van a garantizar el compromiso de actividad exigido a los nuevos demandantes?.Salvo que el MEYSS rectifique y amplíe la plantilla recuperando los 4.200 orientadores que echó en 2012, de nuevo, la búsqueda de empleo en base a nueva formación y capacitación de los parados de larga duración, seguirá siendo literatura de ciencia ficción.
El acuerdo cuela de rondón un nuevo incentivo a la contratación, cuando se permite compatibilizar esta ayuda con el empleo de forma que, "puedan celebrarse contratos cuya realización y retribución resulten compatibles con la participación en el programa y la percepción de la ayuda". Es decir, el empresario podrá contratar a beneficiarios del plan pudiendo descontarse los 426 euros del salario el tiempo que lo perciba; a expensas de su futura regulación, surgen múltiples preguntas, ¿habrá un tiempo mínimo de contratación, cómo se garantizará que no sea un contrato "palanca" que sustituya otros existentes en la misma empresa, se incentivará igual el contrato temporal que el fijo, quién garantiza el cumplimiento del programa de reciclaje, el SPE seguirá tutelando al perceptor de la ayuda o será la empresa, como afectará el nuevo contrato en la cotización a la Seguridad Social, cómo se garantizan los derechos del usuario...?
Reconociendo el indudable beneficio que esta ayuda producirá a un elevado contingente de personas ahogadas en la crisis ,que no es poco, el acuerdo es reflejo de un país sin mecanismos de cohesión social, obligado a parchear soluciones urgentes para colectivos en extrema necesidad,en la práctica son medidas más próximas al sistema asistencial que al propio de "un estado social y de derecho" (artículo 1 de la Constitución) obligado a devolver la dignidad personal y profesional de quienes están sufriendo la crisis y la marginación social.
