En el inicio del año escolar 2015-2016, un profesor de la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza tuvo el atrevimiento de sugerir públicamente a una alumna musulmana que abandonara la clase si no se quitaba el velo (hiyab). Como era de esperar, ese comportamiento del docente fue noticia en muchos periódicos y telediarios, habiendo llegado a convertirse en trending topic en las redes sociales. La práctica totalidad del equipo directivo de la facultad de Educación, como asimismo el equipo rectoral universitario, se posicionaron a favor de la alumna y en contra del profesor. Sin embargo, en las redes sociales y en las cartas enviadas por los lectores a los diarios, el resultado fue el contrario, a pesar del gran esfuerzo que determinadas organizaciones musulmanas hicieron para neutralizar esos posicionamientos a favor del docente. En ese contexto social tan contradictorio, el rectorado interpuso una demanda judicial que terminó felizmente para el demandado, quien había sido acusado de no respetar la libertad religiosa.
Como consecuencia de la presión del decanato de la facultad de Educación, el rectorado modificó su estrategia en su intento de linchar a un profesor repudiado por la mayoría del alumnado y aislado por sus colegas de facultad y departamento. Desde el momento que tuvieron conocimiento de la sentencia judicial, iniciaron un proceso de acoso y derribo, que ha culminado, después de dos años, con la suspensión de empleo y sueldo del citado profesor. En esta ocasión, acusado de desobediencia e independencia de criterio, ya que, según la instructora del proceso, los contenidos que imparte y los exámenes que practica son diferentes a los aprobados por el resto de colegas que imparten la misma asignatura, además de ser muy crítico con ciertas políticas educativas. Cuando me enteré de esas acusaciones, no me creía que pudieran ser reales, ya que yo he ejercido docencia durante 36 años en la antigua Escuela Universitaria de Magisterio (hoy, facultad de Educación) y jamás ninguna autoridad académica ni ningún grupo de presión docente me obligaron a impartir unos contenidos concretos, a acatar un determinado modelo de examen y, mucho menos, nadie me presionó para que dejara de criticar las políticas educativas de los distintos gobiernos de turno.
HE ANALIZADO la vigente normativa académica de la Universidad de Zaragoza y he podido comprobar que esa enrevesada normativa permite a los directores de departamento y a los coordinadores de área cercenar la libertad de cátedra y la libertad de expresión a cualquier docente universitario que sea demasiado crítico con el sistema, que no comulgue con ruedas de molino, o que su porcentaje de suspensos sea superior al promedio de sus colegas de departamento. Una vez analizado el contenido de esa normativa, no me ha extrañado que haya sido suspendido de empleo y sueldo el profesor al que me estoy refiriendo. Al no haber podido cargarse a ese incómodo docente por el incidente con la alumna musulmana, el rectorado ha echado mano de una legislación interna que va en contra de la libertad de cátedra y de expresión, y que retrotrae a la universidad española de los tiempos más duros del franquismo.
Conociendo como conozco la idiosincrasia de la facultad de Educación, entiendo perfectamente que el decanato y la dirección del departamento de Ciencias de la educación se aprovecharan del incidente con la alumna musulmana para intentar quitarse de encima a un colega que, por su manera de proceder, pone en cuestión la praxis académica mayoritaria. Tiene como norma que ningún estudiante apruebe una asignatura sin saber redactar y teniendo un montón de faltas de ortografía, lo cual en los tiempos que corren resulta muy anacrónico. Es demasiado coherente con su ideología y ello le lleva a poner en práctica comportamientos como el que tuvo con la alumna musulmana, o a criticar en clase las leyes y políticas educativas aprobadas por los gobiernos de turno, lo cual resulta muy peligroso en unos tiempos donde lo que predomina es la aceptación de lo políticamente correcto. El número de alumnos que suspende cada año, sin ser preocupante desde el punto de vista de la normalidad estadística, es muy superior al del resto de colegas de su departamento, lo cual propicia que año tras año los alumnos suspendidos soliciten ser evaluados por un tribunal que siempre se les concede. Obviamente, esa demagogia de conceder siempre un tribunal a todos los estudiantes que han sido suspendidos por un determinado docente, sin importar para nada si hay motivo para tal concesión, aumenta el trabajo de los colegas departamentales sin recibir ninguna compensación a cambio. Por ello, resulta explicable que al final acaben dando aprobado general, a pesar del peligro que esa actitud conlleva, no solo para el desprestigio del profesorado (en especial para quien suspende más) sino también porque cada año es mayor el número de alumnos que piden una nueva evaluación por un tribunal.
A pesar de la gravedad que implica el hecho de que un equipo rectoral trate da cargarse a un profesor por el mero hecho de no aceptar las imposiciones de la autoridad departamental en un ámbito tan respetable como es la ideología personal y el estilo docente, para mí lo más grave y trascendente es que exista en la Universidad de Zaragoza una normativa que se carga de un plumazo el respeto a la libertad de cátedra y de expresión académica, reconocido por la Constitución y por otras leyes de ámbito supranacional.
*Catedrático jubilado de la Universidad de Zaragoza
