Tras dos entregas analíticas sobre la Administración Pública (AP) española, voy a finalizar con esta tercera entrega, intentando sintetizar algunas conclusiones.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración.

Para hablar de la actual AP podemos usar dos referencias históricas: Max Weber y la NGP. Weber consolida el modelo legal racional weberiano de una Administración que está separada del y subordinada al poder político. Con Weber, sólo el político es responsable porque usa valores e ideologías. No así el funcionario, que ejecuta las propuestas del político.

Actualmente, la Administración se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación técnica en las distintas dimensiones de la Administración. Esta fase se conoce con el nombre de Nueva Gestión Pública (NGP). En ella se producen una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el usuario de los servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.

Para ser más concisos afirmo en forma de decálogo mis convicciones sobre la materia:

1. El buen gobierno y la buena administración son conceptos cada día más consolidados en lo que se refiere al ejercicio del poder político dentro de una sociedad democrática y a la calidad de sus instituciones y de los servicios que ellas gestionan o producen.

2. Los partidos políticos han hecho todo lo posible por eliminar los controles administrativos y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Merece la pena intentar un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente.

3. Desde esta perspectiva, la Administración Pública es esencial, pues sin Administración no hay gobierno posible, por muy buenas que sean las intenciones de la clase política.

4. Gobierno y Administración van de la mano y, por lo tanto, no administrar es desgobernar. Y en España hay instalado un sistema organizado de desgobierno, que está por encima de la política. Los partidos luchan mucho por llegar al poder y cuando llegan no saben qué hacer con él.

5. En el fondo, el desgobierno de la Administración es la constatación de un Estado débil. Y con un Estado débil el ciudadano es más vulnerable.

6. Para la instauración de una Administración decente y eficaz al servicio del ciudadano, se necesitan dos características básicas en los gestores públicos, tanto políticos como funcionarios: decencia y capacidad, especialmente en los cargos de máxima responsabilidad. La decencia es algo tan básico que ni se debería citar. La capacidad hay que demostrarla.

7. La decencia y la capacidad de los servidores públicos constituyen, en definitiva, la seguridad de una Administración Pública legal, eficaz y eficiente, o lo que es lo mismo, cumplidora de la ley, que responde a las necesidades ciudadanas y que lo hace con el coste más barato posible.

8. Una de las razones más claras de la desafección ciudadana hacia la política es la opacidad institucional, la patrimonialización de lo público, el desprecio al Parlamento, la persecución del discrepante, la manipulación de los medios de comunicación, la corrupción y el abuso de poder desde las instituciones. Los ciudadanos perciben a sus representantes alejados de sus intereses, y a los partidos políticos impermeables a sus demandas.

9. La sociedad española ha evolucionado y demanda cambios. Los ciudadanos no están en contra de la democracia pero sí quieren reformarla para mejorarla.

10. La democracia es un sistema que no cree en la bondad universal y desconfía de la codicia humana. De ahí que exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y sancionarlos cuando se produzcan.

Siguiendo a F.Longo, la reforma de la Administración debe ser más cualitativa que cuantitativa: más diseño institucional, más innovación normativa, más desarrollo de capacidades, y no tanto limitarse a los recortes y a la penalización del déficit. No se trata de hacer una Administración menor sino mejor.

*Profesor de Filosofía