El Gobierno de CiU fomenta su discurso político desde la Generalitat a través de un pretendido agravio con el resto de españoles, y sobre todo con sus vecinos. La negativa a admitir pacientes aragoneses en los hospitales de Lérida, excepción hecha de las urgencias, se une al recorte en las recetas a pacientes crónicos. Si Cataluña considera que debe ser resarcida o compensada por la prestación de servicios no financiados, que lo pelee en el Consejo de Política Fiscal. Pero utilizar como rehenes a los perjudicados, acaso para evitar críticas de catalanes a los que se recorta prestaciones, es miserable.
