Cuando Mariano Rajoy afirmaba en rueda de prensa, el pasado 31 de julio."La Seguridad Social es el gran reto del futuro", me eché a temblar. Conociendo la voladura de la dependencia, el achicamiento de la protección por desempleo y la casi desaparición de las políticas de protección social, lo primero que pensé es que el próximo año toca el recorte nominal de las pensiones.
Confirma además que su única preocupación sobre este tema en cuatro años ha sido saquear el fondo de reserva, sacando 45.828 millones de euros de los 68.815 que recibió, cumpliendo con ello un encadenamiento de déficit desde el 2011. Solo cuando los recursos se agotan y la campaña electoral comienza, recuerda la necesidad de hacer reformas, y si gobierna de nuevo, presentará... la alternativa que ya vienen planteando desde hace años, los bancos, los fondos de inversiones, las compañías de seguros y fundaciones como FAES, obsesionados con cambiar el actual sistema por uno de capitalización .
El problema no está en el sistema, sino en las políticas de este gobierno para superar la crisis y su dejadez en afrontar un problema hasta pudrirse, ¿no decían que la financiación de las pensiones se resolvía eliminando el incremento según el IPC?; las causas de estos desajustes son bien conocidas: la reducción de las cotizaciones debido a las rebajas de salarios y los ínfimos sueldos de los nuevos contratos, el aumento del número de pensionistas, un millón más en siete años y el aumento del importe medio de las nuevas pensiones... Elementos objetivos todos ellos que no han tenido en cuenta, para cuadrar unas cuentas con imposibles ingresos del 6'8% este año y cifras parecidas el próximo.
Tapan las causas porque afectan al nudo gordiano de sus políticas de ajuste interno y de salida de la crisis, en base a la precarización y al empobrecimiento de los trabajadores. Se ocultan tras el trazo grueso del incremento de afiliación y el mísero aumento de las pensiones estos años (0'25%), para en la campaña electoral eludir las responsabilidades del crónico déficit y el deliberado saqueo de la Seguridad Social para cuadrar sus cuentas del Estado.
Porque es a costa del sistema de pensiones como el Gobierno estimula la contratación indefinida, haciendo reducción de las cotizaciones en los primeros 500 euros del salario a los nuevos contratos, aplicando las tarifas planas para los autónomos, los descuentos para la contratación de jóvenes en formación etc, etc. Son reducciones que solo para 2016 han previsto 2.100 millones pero en los cinco ejercicios presupuestarios suman 6.014 millones, sin retorno, sacados de las arcas de las pensiones para aumentar los ingresos de las cuentas de explotación de las empresas.
No se quedan ahí, cuando un trabajador pierde su empleo y recibe una prestación como parado, el SEPE cotiza de acuerdo con su última base de ocupado, si cobra el subsidio lo hace por la base mínima, con la cobertura actual de desempleo, que apenas ronda el 53%, supone perder ingresos en una cuantía muy sustanciosa. Para hacernos una idea del significado de esta merma para la SS, solo hay que comparar la EPA del IV trimestre del 2011 recogía 5.272.600 parados y el gasto en desempleo de ese año fue de 32.000 millones, con una tasa de cobertura del 79% y unos subsidios que no llegaban al 8%. La EPA del II trimestre del 2015 ha recogido 5.149.500 parados y el gasto previsto por el gobierno es de 21.500 millones, con una cobertura del 53% y el 39'7% gastado en subsidios.
Esto demuestra la frivolidad con que se están haciendo determinadas políticas. Los bárbaros ajustes en prestaciones por desempleo y ayudas sociales no solo aumentan las desigualdades y fomentan el empobrecimiento de millones de trabajadores, sino que contaminan descapitalizándolos, pilares esenciales de nuestro sistema como son las pensiones.
En estas condiciones el Gobierno actúa como pirómano en el incendio, mantiene una previsión de ingresos de 117.000 millones para 2016, (6'7% sobre 2015) cuando este año faltarán 11.000 millones y prevé una nueva mordida al fondo de reserva para el próximo de 6.283 millones.
La huida hacia adelante que practica el Gobierno con este tema, es suicida. Agotar el fondo y usar la caja para cuadrar el déficit es de una irresponsabilidad gravísima, buscar soluciones consensuadas en base a un proceso serio de reflexión y debate, sin reservas y con un déficit crónico de más de 15.000 millones, es la peor coyuntura. La alarma en los casi 9'5 millones de pensionistas van a utilizarla como palanca para cambiar este sistema de reparto con el que nunca se sintieron cómodos.
