En política, los problemas de Estado son una oportunidad para la oposición; medirla, graduarla adecuadamente, evitar el populismo y la demagogia, define las señas, identidad, y talante de quien la hace. Digo esto porque sabiendo que la gestión del secuestro del Alakrana ha sido complicada, con permanentes interferencias externas, el PP solo ha buscado rentabilizarlo políticamente obviando los efectos negativos que pudiese tener dentro y fuera de nuestro país.
Un secuestro de 36 personas en el Índico arrastra de partida, además de las dificultades objetivas, otras muchas, como la presión de las familias, el reality-show mediático, países colindantes desestructurados sin interlocutores válidos, la oposición haciendo responsable exclusivo al Gobierno. El inteligente uso de todas estas contradicciones por los piratas, ha situado el problema en una esquizofrenia, donde se jaleaba devolver a los piratas apresados sin juzgarlos, se criticaba a los jueces por haberlos encausado, a la marina por detenerlos y al Gobierno por no acelerar el pago y la devolución de los detenidos inmediatamente. Hay que reconocer que en estos 47 días el espectáculo dado no ha sido edificante para un país con instituciones democráticas sólidas y un Gobierno bregado en resolver problemas a diario.
ESTAMOS HABLANDO del secuestro de un buque atunero privado, que pesca en aguas peligrosas haciendo caso omiso a las advertencias de las autoridades para faenar en grupo y en un perímetro limitado para poder estar protegidos por la llamada operación Atalanta. Es decir, trabajo peligroso con pingües beneficios que lo hacen atractivo. Hasta aquí la libertad de empresa.
De los 36 trabajadores del mar hay 20 de seis países distintos y dieciséis compatriotas que trabajan en temporada con altas compensaciones salariales vinculadas al volumen de las capturas, lo cual estimula el riesgo pero no la seguridad. En este contexto creo que debe analizarse la gestión de estos 47 días de secuestro; en los que el Gobierno ha tenido un solo objetivo, liberarlos cuanto antes, después analizaremos, valoraremos y haremos la autocrítica necesaria. De ahí la petición de silencio y dejar trabajar que se hace a la oposición y a las familias.
Por eso resulta inadmisible la utilización partidista, que no política, de los dirigentes populares; tanto Cospedal en Toledo el 6 de noviembre como Saenz de Santamaría un día antes en el Congreso pasando por González Pons, Rajoy y Arenas, todos han buscado el desgaste político sin más; solo cuando se les hizo ver que con esa actitud facilitaban la estrategia de los piratas bajaron el tono. Pero que no digan que respetaron el silencio durante el proceso.
Convertir el secuestro en un problema exclusivo de nuestro país --"a otros países no les ocurren estas cosas", dijo Rajoy--, es falso, porque en 2008 se produjeron 42 secuestros de buques, uno de ellos fue Playa de Bakio, en abril murieron tres personas en el rescate de un velero francés, actualmente permanecen secuestrados por piratas en el Índico 11 barcos y 262 tripulantes de distintos países. La peligrosidad de estas aguas, contrasta con la riqueza de sus caladeros y su enorme atractivo empresarial, por eso el Gobierno hizo caso a las peticiones de los armadores impulsando la operación Atalanta, para combatir la piratería, con sus socios europeos.
Porque las leyes españolas, y eso lo deben saber en el PP, no permiten que los militares puedan prestar servicio de protección a bordo de los atuneros o cualquier empresa privada. Por eso, con la mayor celeridad, se ha reformado la reglamentación de la seguridad privada y así poder formar y contratar estos servicios de protección que se han repartido por todos los buques. El coste de esta protección especial se hace a tres partes, la mitad el armador y la otra entre la comunidad afectada y el Gobierno central.
El guión es el mismo, no importan las dificultades, la angustia de las familias o la instrumentalización que hacen los delincuentes, todo vale aunque se perjudique a todos.
Diputado socialista por Zaragoza
