Conforme se conocen más detalles del caso de Igor el Ruso, más evidente resulta la existencia de fallos que retrasaron la neutralización del delincuente y facilitaron de alguna forma que este asesinara a dos guardias civiles y un vecino de Andorra, antes de ser detenido. Fallos, según todos los indicios, de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado que siguen sin compartir adecuadamente la información, y fallos de evaluación de riesgos porque tras el primer tiroteo que dejó gravemente heridas a dos personas resultaba obvio que existía una amenaza superior.
Es inútil e injusto exigir a las autoridades y los cuerpos policiales capacidad para reducir a cero el margen de peligro que provenga del terrorismo, la delincuencia organizada o personajes como Igor el Ruso. No puede haber un despliegue tan denso y con información tan precisa que imposibilite los estallidos de violencia. Pero sí cabe reclamar de los profesionales y de sus responsables políticos el mejor nivel de acierto en sus decisiones y acciones. Porque es mucho lo que está en juego.
España es un país bastante seguro, si valoramos el impacto de la delincuencia común en sus diferentes modalidades. Sin embargo, tanto en ese ámbito como en el del terrorismo yihadista y no digamos en el de la violencia machista es preciso mantener alta la guardia. En el caso de el Ruso no fue así.
