Los diputados de las Cortes aragonesas están obligados a presentar una declaración de actividades y de sus bienes patrimoniales, pero la publicación de estos últimos era voluntaria. En aras de la transparencia se ha puesto a disposición de los ciudadanos ambas informaciones. Sin embargo solo afecta a los parlamentarios, altos puestos del Gobierno que no cumplan la condición de elegidos en las urnas no tienen la obligación de dar cuenta de sus ingresos o propiedades, algo que no tiene sentido. Se pretende que la futura ley de ética pública lo recoja. Pero eso, la futura.