Cuantos más detalles se conocen del proceso administrativo seguido con el colegio privado Ánfora, más suspicacias genera. Resulta que el anterior Gobierno popular, con Dolores Serrat al frente de Educación, autorizó el concierto con dicho colegio pese a que un informe de la intervención de la DGA advertía de que no había consignación presupuestaria para los 1,3 millones que el Ejecutivo se comprometía a pagar en este curso. Además, la tramitación de un concierto ronda los 20 meses; en este caso todo se resolvió en seis. Y se frenó la construcción del colegio público Cuarte III. Hace falta cinismo para achacar ahora a la actual consejería una actitud politizada del conflicto. Lo que hay que pedir es responsabilidades políticas a quién tomó aquellas decisiones tan "orientadas" y que todavía siguen sentadas en los parlamentos.
