El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no quiso comprometerse con los afectados por la talidomida que acaban de recibir como un jarro de agua fría la sentencia de la Audiencia de Madrid que anuló las indemnizaciones ganadas en primera instancia por un defecto de forma. Las decenas de víctimas de malformaciones por la ingestión de un fármaco contra las náuseas en los años 60 se encuentran lógicamente desesperanzadas. La Administración, garante de la salud pública, debe dar amparo a víctimas de esta naturaleza, y acompañarles al menos en el procedimiento judicial.
