La llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE ha abierto un tiempo nuevo en el Congreso. La reciente moción de censura de Podemos dejó claro que no hay una mayoría alternativa para desbancar a Rajoy. Pero el día a día deja claro que en determinados temas, en los que el PP exprimió su mayoría absoluta en la última legislatura, hay margen para derogar muchas normas. El jueves pasado fue la ley de RTVE donde a partir del otoño se deberá elegir a la dirección con mayoría cualificada y entre profesionales. Pero hay otras más, como la contrarreforma de la ley de alquileres que empuja la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el techo de gasto que hasy que aprobar antes de las vacaciones. Y otras que afectan a la calidad democrática como el aforamiento de los cargos públicos. La suerte de estas reformas dependerá de dos factores. De que el clima entre Podemos y el PSOE no sea de competencia electoral sino de colaboración parlamentaria, algo que se ha conseguido en el tono en las últimas semanas y que hay que ver si se traslada a los hechos. Y en segundo lugar, de la actitud de Ciudadanos que está en su pleno derecho de defender su espacio ideológico pero que debe su éxito a un espíritu reformista que no puede quedar atrapado en las exigencias de responsabilidad del Gobierno. Contra lo que anunció, Rajoy está dispuesto a enmendarse.

Mañana se reúne por fin la Comisión Bilateral Aragón-Administración central. Solo lograr tal encuentro ha resultado particularmente trabajoso, porque el organismo que supuestamente permite mantener abierto el diálogo entre nuestra comunidad y el Gobierno de España no se ha vuelto a reunir desde 2012. Y en cualquier caso los acuerdos adoptados entonces no se han cumplido. Moncloa y los ministerios se han ido desentendiendo de lo que aquí ocurre, las escasas inversiones que nos han correspondido en los Presupuestos Generales del Estado apenas se han ejecutado y de esta manera Aragón ha vuelto a acumular un notorio dé ficit de inversión pública.

La Bilateral debe abordar con seriedad esta situación. Aragón, por sus características territoriales y demográficas, necesita un sistema de financiación específico, notablemente más generoso que el existente. El actual Ejecutivo central está pagando importantes peajes a comunidades (País Vasco y Canarias son los últimos y evidentes casos) cuyos diputados son esenciales para alcanzar mayoría en el Congreso. Se hace difícil no sospechar que ello ocurre a costa de los aragoneses y sus instituciones. Si no fuese así. Si el gobierno que preside Rajoy tiene algún interés por nuestra tierra, mañana será el momento de demostrarlo, con compromisos firmes, con hechos. Que ya es hora.