Y mientras, el Arzobispado de Zaragoza saltó ayer al ruedo en la polémica educativa, con una postura conocida pero argumentada de modo muy parcial. Asegura el arzobispado en una nota que el cierre de aulas constituiría un “ataque” al derecho constitucional a la libertad a la enseñanza, pero ignora que ese derecho no está garantizado en el medio rural, donde no existen colegios religiosos y allí no parece preocupar la conculcación del mismo.
