La extensión de la banda ancha a los pequeños núcleos de población aragoneses supondrá en cuatro años que 21.000 habitantes podrán hacer uso de internet de alta velocidad. Lo financiarán las diputaciones provinciales, aunque resulta curioso que todavía no haya consignación presupuestaria. Su implantación es una necesidad para que la dispersión poblacional en Aragón no siga siendo un hándicap ante las nuevas tecnologías. Por eso, los 3,6 millones que cuesta deberían de figurar ya en los presupuestos. Para evitar hablar de acuerdos humo.