Los expertos cifran en unos 5.000 los afectados en Aragón por las malas prácticas de lo que se conoce como falsos autónomos, que trabajan como asalariados pero a los que se priva de derechos laborales. El foco de atención está ahora en las empresas cárnicas que se nutren de este tipo de empleados a través de las cooperativas y las denuncias sindicales han permitido que la Inspección de Trabajo estreche el cerco sobre ellas y en otros sectores productivos. El entramado puede ser complejo, pero la Administración no puede permitir que se vulnere la ley y los afectados no deben perder derechos que les corresponderían en una situación de transparencia laboral. Hay que evitar que se afiancen las malas prácticas.
