La precarización del sistema educativo sigue su curso de forma vertiginosa. El anuncio del Ministerio de Educación de contratar a 2.000 becarios para cubrir las necesidades provocadas por los recortes y la expulsión del profesorado interino es, por mucho que se camufle, otro paso de gigante en este proceso. Para entenderlo solo hay que fijarse en un ejemplo: la Comunidad de Madrid ha anunciado para este año la convocatoria de siete plazas de Secundaria en siete de las especialidades más concurridas, como Historia, Lengua o Matemáticas, una cifra que representa el 1% de los docentes que ocupan estas plazas de forma interina después de haber aprobado las oposiciones del año pasado, cuando también se convocaron. Es decir, que si no están fijos no es por falta de méritos, sino porque lo rentable para la Comunidad de Madrid (y para el negocio de las academias) es una inestabilidad crónica que provoque la rotación de los aspirantes y les obligue a pagar una tasa de 80 euros cada año. Una precariedad que también ha sido favorecida aquí por el Gobierno de Aragón a golpe de decreto. Y es que a los gobernantes mediocres no les interesa tener una sociedad educada y crítica, sino postrada y permeable a la corrupción y a las desigualdades. Dejar a un becario al frente de cualquier clase, que es lo que se pretende, aunque sea bajo la tutela de otro docente, es tan irresponsable como dejarlo solo en una consulta médica. Si en este último caso se pone en riesgo la salud de la sociedad, en el anterior se amenaza su educación. Y entre una sociedad malsana y otra maleducada es difícil elegir. Los primeros tendrán menos esperanza y calidad de vida, pero los últimos la pasarán entera de rodillas.
