La Generalitat catalana y su consejero Santi Vila podrían evitarse el ridículo de que la Policía Judicial se persone en dependencias públicas de esa comunidad en busca de los bienes de Sijena retenidos pese al requisitoria judicial. Salvo que los mandatarios catalanes hayan decidido, como parece, que la fuerza está por encima de la razón en su litigio por los bienes, hipérbole de una cruzada independentista en la que todo vale con tal de quebrantar la ley.
