La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional deja poco lugar a dudas. En ella se determina que el procedimiento seguido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con el anteproyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués «vulnera la Directiva Marco del Agua y la interpretación que de ella ha venido realizando el Tribunal de Justicia Europeo». El fallo advierte de la ausencia de estudios sobre el impacto en las masas de agua afectadas y en el medio ambiente de la zona. Tambien señala la inexistencia de un informe previo de viabilidad económica, técnica y social, así como de un análisis específico de la recuperación de costes y las correspondientes revisiones previstas en la ley. En forma y fondo, el golpe a la pretensión de llevar a cabo el polémico embalse no puede ser más rotundo.

Después de este episodio, y aunque es probable que el Ministerio y otros agentes acaben recurriendo al Supremo, se hace imprescindible entender que ni la normativa europea en materia hidráulica ni las exigencias legales referidas a la rentabilidad objetiva de las inversiones públicas en tal ámbito van a permitir construir nuevos pantanos en el mismo cauce de los ríos. Mucho más si, como es el caso de Biscarrués, la obra impacta sobre una zona de evidente valor ecológico y en la que se desarrolla una actividad económica importante y sostenible. El Pacto del Agua no da más de sí y parece necesario pasar a otra fase.

Porque sí es posible encontrar alternativas que permitan mantener e incluso ampliar los sistemas de riego. Por ejemplo mediante embalses de derivación en la propia zona regable, como se ha hecho en el caso de San Salvador, sustituto de Santaliestra. O como podría hacerse al margen de Biscarrués, utilizando la inversión presupuestada para llevar a cabo la balsa de Almudévar y otras regulaciones. Todo ello mientras se sigue apostando por la modernización de los propios regadíos.

La experiencia ha demostrado que en estos casos lo más útil no es mantener el empeño inicial por encima de todo ni generar un conflicto social que enfrente a unos aragoneses con otros, sino alcanzar las mejores soluciones posibles. El pantano de Biscarrués no parece factible después de varios decenios de intentonas. Es hora de ser prácticos y olvidar ese proyecto.