El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció el miércoles en Zaragoza que la Comisión Europea ha aprobado extender el Corredor Ferroviario de Mercancías Atlántico hasta Zaragoza, atendiendo una solicitud de España apoyada por Alemania, Francia y Portugal. Este reconocimiento coincide con los avances administrativos de la llamada Y Vasca, una inversión ferroviaria que llevará la Alta Velocidad a esa zona del país desde Pamplona y la capital aragonesa. Y coincide también con la implantación de mejoras para los trenes de mercancías que circulan desde Zaragoza hasta Teruel, gracias a un sistema de comunicaciones que triplica la capacidad de transporte de la vía. La apuesta por la logística en Aragón se ve así reforzada, colocando el valle del Ebro como rótula en el transporte y distribución de todo tipo de productos del Norte de España. Si a estas mejoras se añaden las del aeropuerto, que con la colocación de los sistemas antiniebla acaba de batir de nuevo su récord de carga, o los acuerdos con los puertos españoles, puede decirse que por fin la capital aragonesa rentabiliza su posición estratégica en materia de transportes.

Además de estos anuncios, De la Serna, que acudió a la capital invitado por el líder del PP regional, Luis María Beamonte, comprometió el esfuerzo inversor de su departamento para Aragón, que redondeó en unos 750 millones. Desdoblamientos de la N-232, avances administrativos y en las obras de las autovías oscenses A-21, A-22 y A-23, mejoras en la carretera Teruel-Cuenca junto a la capital, cubrimiento de vías en la zona este de Zaragoza, saneamiento de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad... forman parte de esa nómina de obras que dependen directamente de la cartera de Fomento y de los presupuestos del Estado. El propio ministro hizo un llamamiento a los grupos que reclaman infraestructuras para que aprueben esas cuentas, en un momento de incertidumbre que Aragón debe aprovechar para recortar el déficit inversor que históricamente ha lastrado sus posibilidades de desarrollo. No obstante, la obligación del PP es sacar adelante esa ley presupuestaria con los apoyos activos que permitieron la investidura de Rajoy, sin chantajes a los territorios, y menos a uno, como Aragón, que además de mantenerse fiel al proyecto de España no ha sido precisamente el principal depositario de los esfuerzos inversores de los ministros de Fomento de turno.