La reestructuración bancaria es lo más parecido a la cuadratura del círculo. La ecuación para reducir el número de operadores, sanear los balances de las entidades, garantizar los ahorros de los contribuyentes y minimizar el impacto sobre el empleo, formulada entre dudas y devaneos de políticos, reguladores y supervisores europeos, presenta aún un resultado incierto. Apenas vamos conociendo sus efectos secundarios, dolorosísimos. En el caso de Aragón, tras un año de intentos nulos, Europa ha concedido a Ibercaja y Caja3, en la que se integra como socio dominante la CAI, una prórroga con gol de oro incluido para recuperar la idea de crear un banco aragonés. Caja3 ha pasado los dos últimos años agarrándose como un clavo ardiendo a la calidad de su ratios de liquidez, a su margen de intereses o a su cartera crediticia para sortear las exigencias del regulador. No obstante, el peso muerto de sus aventuras ladrilleras, denunciadas hoy por los comités de la caja, ha lastrado las bondades del negocio minorista. Se vio en los test de estrés del verano del 2011 y volvió a suceder en la auditoría de Oliver & Wyman de septiembre pasado.

Esa dualidad ha permitido al grupo bancario liderado por la CAI eludir el apoyo externo, fuera en forma de ayuda pública, de ampliación de capital o de salida a bolsa. Pero en este episodio final de la reestructuración bancaria, a Caja3 le va a servir de poco ser una de las escasas entidades que no ha perjudicado las cuentas públicas, y solo le quedan dos caminos: aligerar sus necesidades de capital en unas semanas para ser absorbida por otra entidad o ir directa a la nacionalización, como ocurrirá con Ceiss y con BMN, compañías en una situación similar.

EL PROYECTO de integración entre Ibercaja y CAI aborda ahora unas jornadas decisivas, en las que Caja3 necesita encadenar una serie de acuerdos en una operación tan urgente como complicada. El primero debería producirse hoy. Esta medianoche finaliza el plazo dado por la dirección a los sindicatos para rubricar un pacto laboral de severa reducción de plantilla, que se antoja muy difícil a juzgar por la manifestación de rechazo vivida ayer en las calles de Zaragoza.

Con aceptación de los trabajadores o sin ella, las autoridades económicas españolas y europeas han conminado a la entidad a una profunda reestructuración que incluye el despido de 592 trabajadores, el cierre de 187 oficinas y el reagrupamiento de servicios compartidos. El segundo está marcado en el calendario el próximo jueves. El día 20, la Comisión Europea debe emitir un veredicto favorable a los planes de recapitalización de las entidades que no podrán hacer frente a las necesidades detectadas por los auditores Oliver & Wyman, que en el caso de Caja 3 ascienden a 779 millones de euros.

El tercer paso se producirá cuando el Ministerio de Economía y el Banco de España determinen las ayudas públicas que recibirá el SIP, en este caso a través de bonos convertibles y no en acciones, en una cifra que podría rondar los 200 millones de euros. Esta es la cantidad que pactó el ministro Guindos. El último paso será la puesta en marcha del protocolo de absorción de Caja 3 por parte de Ibercaja, firmado hace unas semanas y sujeto a las tres cuestiones anteriores. Este extremo lo dejó claro hace unos días el presidente de Ibercaja, Amado Franco, cuando aseguró que la compra de Caja3 estaba condicionada al plan de saneamiento (reestructuración de plantilla, aceptación del plan de recapitalización por Europa y autorización de bonos convertibles), puesto que de lo contrario la entidad aragonesa no podría culminar la operación.

CREO QUE MERECE la pena ser prolijo y ordenado en el proceso vertiginoso que vive Caja3 para analizar con conocimiento de causa las repercusiones del nuevo escenario. La primera es obvia, y muy dolorosa; un impacto laboral excesivo y despiadado. Los trabajadores están desolados, y con razón: se les ha presentado un despido colectivo leonino, sin plazo para una negociación razonable y en unas condiciones irritantes si se tiene en cuenta que bancos y cajas desastrosamente gestionados y con ayudas públicas han sido mejor tratados. Pero esta consecuencia no será la única.

En el caso de Aragón, asistiremos a la metamorfosis tan profunda como acelerada de la CAI, que dejará atrás 107 años de historia. De 107 años de una fructífera historia de compromiso con el territorio, incluyendo el acceso de la población a los servicios financieros, la acción social y el apoyo a proyectos estratégicos, hemos pasado directamente a un sálvese quien pueda, dando por bueno que la integración en Ibercaja permitirá, al menos, la existencia de un banco aragonés en medio de un proceso de concentración bancaria y de regulación normativa sin precedentes en España.

Del mismo modo, resulta muy triste que en este proceso se haya producido un lacerante vacío de opinión por parte de agentes sociales, partidos políticos, medios de comunicación... Dentro de un escenario en el que el poder económico suplanta al político, se ha echado de menos, y se sigue echando de menos, un posicionamiento claro de instituciones, con el Gobierno aragonés a la cabeza y sociedad civil, conjuradas en el silencio, sea por impotencia, por miedo o por ignorancia. La integración de Caja3 en Ibercaja en las condiciones actuales es un mal menor, y probablemente la mejor salida, pero no por ello debió hurtarse nunca del debate público un asunto crucial.