Hay que acoger con prudencia los cambios del Código Penal, que elaboran los ministerios del Interior y de Justicia, y el avance de los cuales dio Jorge Fernández Díaz en el Congreso. En su toma de posesión, el ministro ya anunció que mantener el orden público en la calle --el orden en la tradicional ambición de la derecha--, sería uno de sus retos, que los colectivos antisistema pusieron a prueba en Barcelona durante la pasada huelga general. Ese escenario de violencia callejera, al que sin duda hizo referencia el titular de Interior el miércoles, es el que se expone oficialmente como objetivo de las modificaciones penales. Sin duda, hay consenso para condenar las actuaciones vandálicas y para buscar y tapar los huecos, también los referidos a las leyes, por los que se cuelan los violentos. La impunidad para estos es insostenible.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL BAJA

Pero cabe destacar que España disfruta de una conflictividad social baja en relación a la dura situación económica y social. Y que, ante un horizonte de más protestas sociales por el empeoramiento de las condiciones, el Gobierno no debería reaccionar con precipitación y errar en los objetivos. Ahí es donde algunos partidos y asociaciones de magistrados y fiscales han manifestado sus peros a las propuestas del Gobierno.

Desde los expertos en leyes surgen peticiones como la de, antes de reformar, aplicar las leyes ya disponibles contra las acciones violentas hasta la de moderar el uso del nuevo Código Penal a situaciones extremas. La avalancha de casos en los juzgados también es un temor en el sector. La duda es si la reforma del Código Penal será suficiente para atajar los episodios de violencia si no se acompaña de, por ejemplo, una mayor fluidez de datos entre las fuerzas de seguridad o incluso coordinación.

RESISTENCIA PASIVA

Dos puntos han centrado las dudas y la polémica. El primero se refiere a la inclusión de la resistencia pasiva grave en el delito de atentado, cuando a lo que se apunta como punitiva es una acción pacífica. La segunda señala la intención de catalogar como delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria, a través del cualquier medio, de manifestaciones violentas. Un punto intrincado que requiere del redactado para hacer la valoración.