El Gobierno de Lambán ha decidido paralizar la construcción de doce depuradoras que se iban a construir en distintos pueblos aragoneses. Dice que su objetivo es cambiar el modelo de concesión de obra pública que tenía Rudi por el de gestión pública directa. Puede estar bien. Pero una ejecución directa supone tener fondos propios, algo complicado en el actual panorama económico de la DGA. Por ello, el Ejecutivo debería aclarar cuanto antes cómo va a revisar el plan de depuración y cuál será su fórmula más viable de saneamiento.