¿Es el Justicia de Aragón un cargo vitalicio o está sometido a un salu dable relevo? Porque Fernando García Vicente ha permanecido ya quince años en el cargo y podría continuar un nuevo mandato otros cinco años más dada la inanición de los grupos parlamentarios y su interés en seguir al frente de la institución. Tal récord de permanencia tiene un lado negativo puesto que puede interpretarse como un puesto cómodo que no molesta en un Parlamento incapaz de buscar un candidato de consenso o de ocupar su tiempo en un tema que popularmente pasa desapercibido. El bipartidismo rampante, más el eterno socio de gobierno (PAR), se las ha arreglado siempre para ponerse de acuerdo en un nombre y el resto acataban la sugerencia sin desgastarse. Solo cundió la alarma cuando desde Madrid se puso en duda la permanencia de la institución por el alto coste que representa el mantenimiento de esta figura recogida en el Estatuto de Autonomía. Pero el peligro pasó y parece que el Gobierno central prefiere recortar gastos y seguir ahogando la Sanidad y la Educación públicas que fijarse en una institución propia.
En democracia resultan estimulantes los cambios en las instituciones ya que suponen una regeneración y una alternancia en el poder y su control. Por el contrario el continuismo en los cargos tiende a posturas acomodaticias y a veces se confunde con privilegios adquiridos. Los grupos parlamentarios deberían ponerse a trabajar y a pensar en nombres de hombres y mujeres que en Aragón tienen una trayectoria impecable y preparación jurídica para postularlos como candidatos al frente de una institución cuyo primer cometido es controlar el quehacer del poder y defender los derechos de los aragoneses frente a las administraciones. Elegir un nuevo Justicia no debe ser un cambalache entre partidos para colocar en el puesto al amigo o al proclive ideológicamente, sino a un hombre o una mujer que en tiempos de enorme debilidad para el ciudadano de la calle sepa defenderlo tanto en sus derechos como en su dignidad.
Desde un punto de vista actual, con la pobreza, el paro y el hambre de muchos instalados en nuestra sociedad, este cargo debería ir más allá de la simple burocracia y traslado de expedientes desde su oficina a la administración correspondiente, para mediar, coordinar y resolver temas tan sangrantes como los desahucios que echan de su casa a las familias, o los niños que pasan hambre cuando cierran los comedores escolares en verano, el escandaloso cierre del Frago y de las urgencias hospitalarias en centros de salud para ahorrar costes o que los productos sobrantes a punto de caducar de los supermercados se tiren directamente a los contenedores porque nadie coordina una actuación humanitaria con los organismos competentes. Alguien que vea el sufrimiento de la sociedad y haga algo por echar una mano. Jesús María Alemany podría ser ese hombre bueno.
Periodista y escritora
