La publicación en el Boletín Oficial de Aragón del catálogo de servicios sociales cierra un largo periodo de elaboración y debate político y social en torno a uno de los soportes básicos del Estado del Bienestar. Legislar los citados servicios para reconocer los derechos de las personas dependientes fue un primer paso, y ahora quedan concretados tales derechos. Algunos de ellos ya están ejerciéndose, otros requieren medios humanos y económicos para que su oferta alcance la plenitud.
UN ENTRAMADO EFICIENTE
Los servicios sociales forman actualmente un entramado en el que las administraciones, en especial la autonómica, cuentan con sus propias infraestructuras y personal pero descansan sobre todo en convenios con asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y en la externalización de las actividades. El entramado asistencial se ha ido creando a partir de organizaciones familiares o de afectados por alguna discapacidad, de iniciativas altruistas, de las aportaciones de las obras sociales de las cajas de ahorro e incluso de la presencia de empresas privadas que operan en el sector. De esta forma se ha completado una oferta que el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Servicios Sociales y de la IASS, financia en gran parte abriéndola así al conjunto de la población.
Este sistema ha permitido, por ejemplo, completar la atención a discapacitados físicos o intelectuales. Sin embargo, hay ámbitos más amplios y complejos (el de la Tercera Edad, por ejemplo) donde aún no están resueltos todos los problemas. Ni siquiera con la aplicación de la Ley de la Dependencia.
LA FINANCIACIÓN, CLAVE
Generalizar la asistencia y mejorar la ya existente va a ser un reto que trasciende la mera oficialización del catálogo. Éste puede ser adecuado (y de hecho lo es) pero luego debe reflejarse en la realidad: sin demoras, sin agujeros negros, sin fallos, sin recurrir al vuelva usted mañana. Además los servicios han de cumplir unos requisitos de calidad y ser adecuadamente controlados por la Administración aunque sean prestados por otros agentes.
Todo ello exigirá recursos económicos en proporción. La financiación va a ser clave. Con los presupuestos públicos sometidos a duros ajustes, la priorización del gasto será esencial. Y los servicios sociales, por supuesto, son un objetivo irrenunciable.
