Aunque hartos, hay que volver a hablar de Cataluña, incluso dejando de lado las elecciones primarias para secretario general que mañana domingo celebra el PSOE en Aragón. Yo creo haber cumplido avalando hace días y votando mañana a Javier Lambán. Y lo hago sin argumentos geoestratégicos, simplemente porque es el dirigente más capaz y porque, además, es mi amigo. De geoestrategia socialista deberíamos hablar más adelante.
Y pasamos a Cataluña. Ya pasó el 1-O. La gran eclosión nacionalista catalana tuvo lugar este último domingo. Los dirigentes catalanes, una vez más, lanzaron a sus mesnadas a la calle y los dirigentes españoles, una vez más también, llegaron tarde a la contención del folklore callejero. Emoción catalana frente a razón estatal. Hoy, en una sociedad del espectáculo (cfr. Debord), mandan los sentimientos y las emociones y falla, por falta de discurso, la razón de Estado. Así nos va.
Finalizado el paripé del pseudoreferendum y a la espera de la pseusoindependencia de la república catalana, se nos va a quedar una cara de haba que no habrá espejo que nos devuelva la imagen. Muchos análisis y comentarios de estos días post van en la misma dirección: que los catalanes tienen derecho a autodeterminarse y que las fuerzas de seguridad del Estado son unos cafres. Yo creo que ninguna de las dos afirmaciones es cierta. Los catalanes, repito una vez más, no tienen derecho a un referéndum de autodeterminación porque la Constitución, su propio Estatuto y el código penal español lo prohíben. Y quien procura, posibilita o realiza actos inconstitucionales es un delincuente. Y las fuerzas de seguridad se autorreprimieron claramente en su cometido. Añádase el boicot de los Mossos y la gran falacia de los 800 heridos.
Otra cosa distinta es bajar al terreno de la presión política, de la calle como escenario de la política en vez del parlamento, que es lo propio en una democracia representativa y de un Estado de Derecho. Si la cuestión catalana, en estos momentos, está en la calle, y solo en la calle, es que hay un grave problema. Y este gran problema no tiene solo una solución legal sino que también debe tener solución política. Aunque sin engañarnos: primero la legal; luego, hablar. Hasta ahí todos o casi todos estaríamos de acuerdo. Pero mientras llega la doble solución legal y política, ¿qué hacemos?
«Más diálogo» gritan todos. De acuerdo. Pero diálogo dentro de la ley. Solo se puede dialogar dentro de la ley, aunque sea para modificar la ley, y hacer que lo que ayer era ilegal hoy es legal. Pero en ningún momento puede haber un vacío legal porque entonces el Estado desaparece. Y si el Estado desaparece no hay democracia y si no hay democracia no hay libertad ni ciudadanos que la ejerzan.
No hay que confundir el Estado con el gobierno concreto de un momento concreto. Los gobiernos pasan y el Estado permanece. Lo que hace falta son políticos de Estado, pensar en los intereses del Estado y en el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Si todo esto existe y si el Estado es fuerte, los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad tienen posibilidades de salvarse. De lo contrario, lo que hay es una selva, y ahí son los animales más fuertes los que sobreviven.
En la cuestión de Cataluña ni los dirigentes catalanes ni los representantes del Estado español han estado acertados. Pero hay una diferencia sustancial: Puigdemont y sus socios son unos delincuentes que han ejecutado un golpe de estado, mientras Rajoy y los suyos son, nos gusten o no, los representantes legítimos del Estado español. Por lo tanto, solo hay un camino: volvamos todos al redil legal y pongámonos a hablar. Por este orden y sin chantajes callejeros. Y al resto de los partidos políticos les debemos exigir lealtad constitucional y política. Me parece una obscenidad intentar sacar rentabilidad política del gravísimo asunto de la pseudoindependencia catalana. La ambigüedad en política se suele pagar muy cara. Y si no que se lo pregunten al PSC.
¿Qué hacer si los dirigentes catalanes declaran la independencia y no se atienen a más razones? ¿Y si hablan de diálogo pero solo sobre cómo ejecutar tal independencia? La lógica legal sería imputar y detener a los causantes del tal desaguisado. La lógica política quizás nos aconsejaría, sin obviar la lógica legal, configurar un gobierno de concentración constitucionalista que ponga orden y formule un calendario con la hoja de ruta a seguir en la reforma constitucional respecto al modelo territorial de España. Esto serenaría la situación y daría tiempo a repensar el Estado y sus instituciones.
*Profesor de filosofía.
