Cada día trae su imputación (o investigación, si lo prefieren), su procesamiento, su conversación intervenida, su terrorífico apunte sumarial. La catarata parece no tener fin, y a cada revelación y el correspondiente titular, la opinión pública se sumerge más y más en la indignación y la desafección, o lo que es peor: en la indiferencia y el fatalismo. Madrid y Barcelona, en un peculiar toma y daca donde el patrioterismo revela su condición de refugio de sinvergüenzas, son los escenarios de un drama interminable. Nadie está libre de sospecha. Partidos políticos cruciales en el devenir político de los últimos decenios son acusados de haberse financiado ilegalmente, de haber realizado campañas electorales dopados y de haber sido un instrumento para el enriquecimiento ilegal y obsceno de no pocos de sus dirigentes.

A estas alturas, la carga de prueba que evidencia la existencia en el PP de una contabilidad B nutrida con aportaciones de empresas que luego eran favorecidas por contratos públicos resulta abrumadora. La actuación de quienes fueron altos cargos institucionales en representación de dicho partido (desde un exvicepresidente del Gobierno al expresidente de Madrid, pasando por una larga lista de exconsejeros, expresidentes de diputaciones provinciales y exalcaldes) emerge envuelta en tinieblas. Y la actuación del actual ministro de Justicia, del Fiscal General y del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, también. Que ante semejante panorama el presidente Rajoy se limite a echar balones fuera, declarar ante la Audiencia Nacional en versión plasma y decir que quien la hace la paga empieza a resultar insultante para la escamada ciudadanía.

Las supuestas tropelías de la antigua Convergencia i Unió en Cataluña o del PSOE en Andalucía son agravantes, no excusas que permitan diluir responsabilidades o aferrarse al manido y repugnante argumento del «y tú más». Tampoco cabe envolverse en la bandera de la lucha anticorrupción cuando al mismo tiempo se lanzan globos sonda destinados a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (para dejar las instrucciones en manos de la Fiscalía), o se amaga con castigar la publicación de filtracione sumariales (única forma, en muchos casos, de mantener en marcha una investigación). Por no hablar de la soterrada campaña de algunos medios conservadores, decididos a convertir al PP en víctima de no se sabe que perversas campañas, de la misma forma que la antigua CiU intenta camuflar su 3% bajo la bandera independentista. Es inadmisible.