Por ciénaga entendemos un lugar malsano, difícilmente habitable, lo mismo que ocurre actualmente con los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE, en que los inmigrantes indocumentados, los "sin papeles", son encerrados como medida previa a su expulsión. En los 8 CIE existentes en España (5 en la península y 3 en Canarias), han pasado 60.000 personas en los últimos cinco años, bien fueran estos recién llegados a nuestras costas en pateras o bien otros que llevaban años en España en situación irregular por carecer de permiso de residencia lo cual, recordemos, es una infracción administrativa pero nunca un delito.
Los CIE, creados tras la aprobación de la polémica Ley 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, han sido objeto de un aluvión de críticas por la opacidad de su funcionamiento y por la vulneración de los derechos humanos de los inmigrantes en ellos internados. Además, se han producido en los CIE algunos fallecimientos como los de Idrissa Diallo (enero 2012) o Samba Martina (diciembre 2011), cuyos nombres han sido borrados por el viento y el olvido, como los de tantos otros inmigrantes que pierden la vida en su sueño de alcanzar una vida mejor atravesando desiertos y mares en condiciones muy precarias.
Las críticas a los CIE proceden tanto de varias oenegés como del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía y de diversas instancias judiciales e internacionales. Los principales reproches se deben a que, frente a lo que insta la normativa de la Unión Europea, en concreto la Directiva 2008/115/CE, conocida como la Directiva de Retorno, los CIE se rigen por un modelo policial gestionado por el Cuerpo Nacional de Policía y en el que los internos son considerados prácticamente como delincuentes, sin valorar las circunstancias políticas, económicas o humanitarias que motivaron la salida de sus países de origen. De este modo, los CIE, pese a tener nominalmente un carácter no penitenciario y una función exclusivamente preventiva o cautelar con el fin de tramitar una expulsión, su realidad es bien distinta hasta el punto de que existen más garantías para los internos en un centro penitenciario que para quienes se hallan retenidos en ellos.
De este modo, resulta especialmente grave el hecho de que las condiciones de vida en los CIE sean peores que en una cárcel a pesar de que, excepto la libertad deambulatoria, el resto de los derechos y libertades deberían de de estar garantizados. Y, sin embargo, las restricciones de estos derechos y libertades son constantes: la información que reciben los inmigrantes a su llegada no la entienden porque está escrita en una lengua que no conocen, porque no saben leer o porque está redactada en lenguaje técnico. Además, no reciben información comprensible de su situación jurídica concreta, de las gestiones que se realizan durante su internamiento o la fecha de su expulsión, unido a las dificultades para contactar con sus abogados. En cuanto a las expulsiones, se realizan sin previo aviso, ya sea de día o de noche, sin indicar fecha, hora, localidad de destino, datos del vuelo... nada se comunica ni a la familia ni al abogado.
Junto a todo lo anterior, el descrédito de los CIE se debe, también a otras de sus condiciones de funcionamiento interno: no disponen de servicio de traductores e intérpretes, la comunicación con el exterior es muy limitada, el régimen de visitas tiene tintes carcelarios, la asistencia social y sanitaria resulta muy deficiente, no existen actividades estructuradas (ocio, juego, deporte, formación o educación), se carece de enfermerías y atención psicológica, llegándose al caso de que en algunos, como en el de Barcelona, las celdas no tienen inodoros, razón por la cual, durante la noche, los internos tienen que llamar a un policía para que los acompañe al aseo.
Ante esta lamentable situación, en una reciente publicación de Cristianisme i Justìcia, Cristina Manzano (Centro Pueblos Unidos) y Josetxo Ordóñez (Fundació Migra Studium), exigían, en relación a este tema, la reducción de la población de los CIE a medio plazo ya que "la exigencia de una orden de expulsión no es suficiente para privar de libertad a una persona", la necesidad de que el nuevo reglamento de 2014 sea plenamente garantista, que mejore sustancialmente las condiciones de internamiento y revise el modelo policial actual. Además, se debe iniciar un debate riguroso sobre el tema de la expulsión como eje de la política migratoria, del internamiento como su instrumento y de la misma existencia de lugares como los CIE. Y todo ello porque, como señalaban los citados Manzano y Ordóñez, "el modelo actual resulta una deshonra y un descrédito para la sociedad que los alberga y porque produce sufrimiento gratuito a quienes son recluidos en ellos".
Ciertamente, resulta necesario un debate social y político sobre el actual funcionamiento e idoneidad de estos centros, los lugares más cuestionados y represivos de la actual política migratoria. Tal vez de este modo se pueda acabar con esta ciénaga pantanosa y malsana en la que, hoy por hoy, parecen haberse convertido los CIE en España.
Fundación Bernardo Aladrén. UGT Aragón
