Fue en el 2016 cuando el concepto de posverdad (post-truth) irrumpió con fuerza tan formidable que hasta el Oxford Dictionaries lo encumbró como neologismo del año. En su definición puede leerse que «los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal». En definitiva, se trata de crear los «hechos alternativos» que formuló Kellyanne Conway, asesora de la Casa Blanca, la falsedad organizada que se dirige a quienes están predispuestos a creer la mentira como superación de la realidad y confirmación de sus prejuicios. En esta posverdad se trata de crear una realidad paralela que acaba imponiéndose a los hechos documentados. La historia está repleta de casos similares, pero ahora, la Administración Trump da un paso al frente. Se trata de un nuevo (y viejo) totalitarismo, que se agranda por la dificultad de encontrar referentes de credibilidad en un periodismo que, o bien se plega a las exigencias económicas, o bien retrocede ante el empuje de unas redes que expanden la falsedad sin límites. Las «burbujas de conocimiento» que definió Obama (el encapsulamiento de la población en sus prejuicios) se encargan del resto, en una dinámica diabólica que solo unos medios de comunicación exigentes pueden revertir si quieren transmitir la antigua lección del periodismo, la verdad sin aditivos.

Cuando se cumplen cinco años de la contestada reforma laboral del Gobierno del PP el balance solo puede ir, valga la redundancia, en la dirección de una urgente reforma. Tan cierto es que se ha creado más empleo como que ha llegado bajo el estigma de la precariedad y la temporalidad. La encuesta de la población activa indicó que el 2016 se cerró con una tasa de paro del 18,63%, la menor desde que nos sacudió la crisis en el 2008. Que el desempleo de los menores de 25 años sea del 43% ensombrece cualquier balance de los efectos de la reforma, como lo es que haya 1,4 millones de familias con todos sus miembros en paro o que siga bajando la cobertura por desempleo. La reforma laboral trajo una contención salarial justificable en días de alarma económica. Pero si quienes la apoyaron se vanaglorian hoy de la recuperación es momento de que acabe esa devaluación y de que los trabajadores ganen poder adquisitivo. Fueron las empresas quienes mejoraron su competitividad con la reducción salarial y de los costes del despido o los contratos temporales. En este caso, con alta densidad de fraude en sectores como el turismo y la hostelería. Una reforma cuestionada por el Tribunal de Justicia de la UE precisa que el Ejecutivo afronte ajustes a favor de una mayor justicia social y menor desigualdad. Y más si ya conoce que la oposición, liderada por el PSOE, quiere derogarla en esta legislatura.