El pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el primer ajuste de Mariano Rajoy --aumento del IRPF y del IBI y recorte del gasto en 8.900 millones-- con los votos del PP, respaldados inesperamente por CiU. Cuando se esperaba su abstención, la federación nacionalista ofreció, en palabras de su portavoz, un "apoyo crítico, por prudencia, rigor y coraje político". Y CiU votó a favor por "responsabilidad" y "coherencia política".

CONTRADICCIONES

Es cierto que el respaldo a las medidas de austeridad de Rajoy es coherente con la política que el Gobierno de Artur Mas lleva a cabo en Cataluña. Esa coherencia, sin embargo, cuadra mal con los justificados reproches que el portavoz de la Generalitat lanza hacia el PP a propósito, por ejemplo, de la deuda de 759 millones del Estatut o en referencia al intento del Gobierno central de controlar los presupuestos autonómicos y recortar la autonomía financiera de las comunidades. Ayer mismo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó caer que el Gobierno sancionará a las autonomías que no cumplan el déficit con la congelación o la reducción de las aportaciones del Estado.

CiU podía perfectamente haber hecho lo mismo que hizo en la votación del ajuste de Rodríguez Zapatero en mayo del 2010, cuando salvó el decreto con su abstención, pero sin atreverse a apoyarlo. En esa ocasión, el PP votó en contra frente a las recomendaciones de sus socios europeos. Ahora, además, CiU no estaba obligada al voto favorable, ya que el PP dispone de mayoría absoluta.

ESCUDARSE EN LA HERENCIA

La posición de CiU fue lo más novedoso de un debate que, por otra parte, discurrió entre descalificaciones de Montoro contra el Gobierno del PSOE. Contradiciendo a Rajoy, que prometió no escudarse en la herencia recibida, el titular de Hacienda acusó al Ejecutivo de Zapatero de ocultar el déficit real, a lo que el portavoz del PSOE replicó que la desviación es responsabilidad de las autonomías, la mayoría de ellas gobernadas por el PP.

Este primer pleno fue la puesta en escena del cambio de papeles. Lo que antes era "el mayor recorte social de la democracia", son ahora, para Montoro, medidas "ponderadas y excepcionales" que no suponen un recorte de derechos sociales. Es decir, la política no cambia. Solo cambian los adjetivos.