El polémico plan de depuración de aguas de Aragón, que estuvo en vigor entre el 2001 y el 2016 y que fue impulsado por el Gobierno PSOE-PAR será analizado en una comisión de las Cortes aragonesas en la búsqueda de posibles responsabilidades políticas. Incluso un informe de la Cámara de Cuentas atribuía irregularidades en un modelo de gestión que, como poco, se ha demostrado conflictivo a tenor de las quejas por sobredimensionamiento de algunas depuradoras y hasta por las consecuencias que arrastra con un impuesto como el ICA. Se esperan unos 60 comparecientes en un plazo de seis meses. Lo importante es que se aclaren las sospechas que penden sobre el plan. Y que se llegue hasta el final.