Ocurre a menudo: la acumulación de información sobre noticias trascendentes eclipsa otras que afectan a nuestra vida cotidiana. Y así ha sido. En estos dos meses nuestro país está desbordado informativamente. Desde la sentencia del caso Gürtel, pasando por la moción de censura, nuevo gobierno socialista, el mundial de fútbol, la crisis del PP , sus primarias y ahora el caso Corinna, todo gira en cuestiones aparentemente de Estado, borrando otras mucho más humanas y pedestres.
Por eso, que el Informe sobre la situación de España presentado por la OCDE haya pasado como hoja volandera no es extraño. Ahora bien, analizarlo en el contexto de otras informaciones surgidas en el mismo tiempo , que afectan a la vida de millones de ciudadanos es una radiografía de país imprescindible.
Aunque ya sabemos que la salida de la crisis y la creación de empleo se está haciendo a base de una devaluación salarial permanente, que ha producido una caída del precio del trabajo, (el pasado año cayó un 1,3%) que lo exprese así este organismo internacional y aire que sin superar ese círculo, la desigualdad crecerá ,así como que el número de personas que viven con menos del 50% del ingreso medio es del 16%, es un aldabonazo contra el argumentario popular de una crisis superada ,un crecimiento del empleo boyante y una mejora económica gracias a su política de los últimos años.
Al considerar el empuje del empleo precario y el subempleo como una de las causas de nuestra debilidad productiva, el mencionado informe enlaza con el de la CE, según el cual en España solo el 8% de los contratos temporales acaban convirtiéndose en uno indefinido al cabo de un año, a diferencia del conjunto de la UE donde esta conversión ocurre en el 24% de los eventuales. La crisis ha hecho que en este país, un temporal tarde ahora 7,8 años en lograr el estatus de indefinido.
Reconocer que la temporalidad es mala porque no incentiva la formación continua, imposibilita la adquisición de experiencia, resiente la productividad al escasear mano de obra cualificada y rompe la cadena de decisiones que afectan a la vida, ya sea para adquirir una vivienda, formar una familia o tener hijos, nos explica que cinco años después de dejar la recesión muchas familias siguen pasando apuros. La Encuesta de Condiciones de Vida recoge los efectos de esta situación cuando señala que el 34,4% de las familias no puede irse de vacaciones, el 37% tampoco puede afrontar gastos imprevistos, el 8,3% no puede permitirse calefacción o aire acondicionado y el 74% tiene retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal.
«El Estado no puede hacer frente a más o mejores políticas sociales», nos dicen los liberales, «no puede gastarse más de lo que tiene». Es cierto, pero ¿cómo se explica que la economía sumergida suponga una merma de casi el 23% de la recaudación de impuestos? Casi 70.000 millones se restaron el pasado año a las arcas públicas. ¿Cómo se explica una lista de morosos con Hacienda del pasado año, con 4.315 personas físicas y empresas y 15.300 millones de deuda, que se estén realizando en las empresas más de 120 millones de horas extras al año no retribuidas ni compensadas y sin cotización; o que en el impuesto de sociedades del año 2017 se haya recaudado casi la mitad que en el 2007 mientras el IRPF ha subido un 6% y el IVA un12%? ¿Cómo se explica que los trabajadores y consumidores vean aumentada la presión fiscal y las empresas lo disminuyan?
A pesar de que los dioses nos castigan muchas veces haciendo que se cumplan nuestros deseos, convertir esta nefasta realidad en el pasado que nunca debió existir, nos mueve a la esperanza de millones de personas en el cambio de Gobierno. Pese a que no ha apagado el fuego y solo ha desviado el humo momentáneamente, reconocer dónde estamos, buscar alternativas y silenciar el absurdo triunfalismo del PP hace bien a nuestras neuronas y dignifica nuestras instituciones.
Escuchar a la ministra de Trabajo desmontar en la Comisión del Pacto de Toledo los argumentos de la derecha y los poderes fácticos contra el sistema público de pensiones, y dar opciones para aumentar los ingresos y eliminar gastos improcedentes refresca la mente, relaja el semblante y optimiza el futuro.
La rebaja salarial, el aumento de parados, el exceso de temporales, las reducciones de cotización y las bonificaciones a la contratación están en la base de la menor recaudación. El mantra de Bañez y Rajoy de que la mejor alternativa al déficit de la Seguridad Social es el empleo, se tambalea con los datos que aportó la ministra. En el 2017, el número de cotizantes fue de 18.460.200 y se recaudaron 109.037 millones. En el 2011 hubo 17.229.922, y se recaudaron 110.365 millones. Es decir 1.230.288 cotizantes más aportan mil millones menos. Esto ha sido porque la cotización media disminuyó en 210 euros.
Decía Platón: «El colmo de la injusticia es parecer justo sin serlo». En esto consistió el relato del Gobierno de M. Rajoy.
