Para cumplir el objetivo de déficit, Aragón debe llevar a cabo ahora mismo un recorte de 700 millones de euros (según datos facilitados por el propio ministro de Hacienda). En el conjunto de España, el ajuste, que ya ha empezado, será de 20.000 a 25.000 millones (en este caso el cálculo corresponde a la Troika). Además, la deuda pública del Estado ha superado el billón y la específica de Aragón camina imparable hacia los 7.000 millones (ahí se lució Luisa Fernanda). En semejante situación, lo fundamental del debate político y social ha de girar necesariamente en torno a cómo equilibrar ingresos y gastos para salir de un círculo vicioso que amenaza no solo nuestro bienestar (al menos el que nos ha quedado tras los sucesivos recortes), sino la mismísima democracia, que no puede existir si la desigualdad y la pobreza van a más.

Justo en esta ardua encrucijada emergen las contradicciones, los simplismos y resulta particularmente insufrible el peso de los peores dogmas ideológicos. Para mí, la cosa tiene su aquel. Pasé los años de vacas gordas renegando contra los despilfarros, las mamonadas, las carísimas ocurrencias y la opacidad de tantas iniciativas públicas trufadas de vacuo triunfalismo y patrioterismo local. Así me gané fama de cenizo, de tanto advertir que aquel dinero haría falta después para cubrir necesidades mucho más perentorias y esenciales.

Ahora, la realidad nos avasalla. Ya no es posible salvar a un equipo de balonmano si la gente no va al pabellón y paga entrada. Ni es factible dejar caer la red asistencial que atiende a los discapacitados intelectuales para seguir haciendo carreras de motos. El rigor ha de imponerse, y se impondrá (de peor o mejor manera) porque es imposible mantener la ficción de que aquí no pasa nada que no se resuelva con algún malabar presupuestario. De hecho, los presupuestos autonómicos deben ser reseteados de cabo a rabo, con las prioridades bien claras. Si el caprichoso PAR o el PP o el mismísimo PSOE quieren seguir con el esquema habitual tendrán que explicarlo. Y si Podemos, CHA e IU albergan alguna idea alternativa al respecto, ya tardan en ponerla encima de la mesa.

Lo cual no quita para que ahora mismo, y con la que está cayendo, no sea preciso lamentar a voz en grito que este país nuestro arrastre un fraude fiscal de mas de 50.000 millones por ejercicio. Siguiendo ese símil que tanto les gusta a quienes pretenden equiparar la economía institucional con la doméstica, si España fuese una comunidad de vecinos, tendría que lamentar los tontos gastos del pasado inmediato y administrarse mucho mejor. Pero si los dueños de los pisos y locales más grandes se empeñan en no pagar la cuota correspondiente... Ni Dios cuadrará las cuentas.