Estos días se han vuelto a poner sobre la mesa las políticas de conciliación familiar y laboral. Este tipo de políticas son de enorme importancia en una sociedad como la nuestra, donde todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir la igualdad laboral entre hombres y mujeres. En este punto, los gobiernos pueden jugar un papel importante en la creación de un marco legal que ayude a romper con los roles tradicionales de género e impulsen una mayor participación de la mujer en la economía y en la sociedad.

La importancia de las políticas de conciliación familiar y laboral se fundamenta en que es con la maternidad donde las brechas de género empiezan a agravarse. Un ejemplo de este tipo de políticas es la Ley 33/1999. Esta ley permite a los trabajadores y trabajadoras reducir su jornada laboral para poder cuidar de sus hijos, con una reducción de sueldo equivalente. Además, las personas que hagan uso de esta reducción quedan protegidas frente al despido improcedente. Como vemos, se trata de una ley que, a priori, pretende reducir la brecha laboral de género, facilitando el cuidado de los hijos sin tener que abandonar el mercado laboral.

En un estudio que realizamos en el 2015 evaluamos en detalle qué consecuencias ha tenido esta ley en el mercado laboral español. El primer resultado obtenido es que, pese a ser una ley dirigida tanto a padres como a madres, son solo las mujeres las que hacen uso de ella. En concreto, tras su entrada en vigor vemos un incremento en el uso de la jornada parcial de las madres con hijos pequeños.

¿Qué consecuencias puede tener que tan solo un colectivo haga uso de esta política? Para los empresarios supone un coste no poder utilizar el despido improcedente con algunos de sus trabajadores. Por lo tanto, la siguiente pregunta es si los empleadores se comportan estratégicamente tratando de evitar el uso de esta ley entre sus trabajadores. Una forma de esquivar la protección frente al despido improcedente es contratar a los potenciales usuarios -usuarias, en este caso- de la ley con contrato temporal. En el momento en el que la trabajadora pidiera la reducción de jornada, no tendría más que no renovar su contrato.

El resultado obtenido muestra que, tras la implementación de la política, las usuarias potenciales de la ley tienen más probabilidad de ser contratadas con un contrato temporal que hombres de iguales características. En teoría, ellos también son usuarios potenciales de la ley, pero en la práctica vemos que no es así.

La última pregunta que nos planteamos surge ante declaraciones como las de Mónica de Oriol, que cuando era presidenta del Círculo de Empresarios afirmó que «hay trabajadores acogiéndose a esta posibilidad, no para conciliar, sino para blindarse frente a los despidos durante la crisis». ¿Es esto cierto? Hacer uso de la ley también produciría una disminución salarial y quizás represalias en el trabajo, factores a tener en cuenta especialmente en un periodo de recesión económica. ¿Qué determinantes son más importantes a la hora de decidir si hacer uso de la reducción de jornada en una recesión económica?

El resultado muestra que la Gran Recesión ha reducido el uso de la ley. Es decir, comparando trabajadoras con iguales características, durante el periodo de expansión económica el uso de la ley era mayor que durante la crisis. Este resultado no es consistente con la afirmación de que esta ley se utiliza principalmente para protegerse del despido.

Como conclusión podemos decir que una política que en principio trataba de reducir las diferencias laborales entre hombres y mujeres puede tener efectos perversos si solo un subconjunto de los trabajadores, en este caso, las madres, son las que concilian la vida familiar y laboral. Esto ocurre porque la mujer, en la mayoría de los casos, sigue siendo la que más tiempo dedica al cuidado de los hijos en el hogar.

Por lo tanto, para conseguir realmente una igualdad de oportunidades laborales es imprescindible que los hombres y las mujeres asuman de igual manera los cuidados de los hijos. Una forma de caminar en esa dirección es haciendo que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles. Como hemos visto, cuando hay opción de que cualquiera en la pareja dedique su tiempo a cuidar de los hijos, es la madre la que asume ese papel. Por lo que, lograr la cogestión de los cuidados de los hijos es la manera de avanzar hacia una igualdad real.

*Catedrática de Economía y doctora en Economía por la Universidad del País Vasco, respectivamente. ISEAK. Analistas de Agenda Pública.