Recuerdo cuando el presidente Felipe González convocó elecciones al no poder sacar adelante sus Presupuestos para 1996, porque Jordi Pujol le retiró el necesario apoyo. No se enrocó en la prórroga hasta agotar la legislatura. Tampoco le pidió a José María Aznar que el PP le prestara los votos que necesitaba. No. Convocó elecciones al entender que, si no tenía mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos, no podía seguir gobernando porque carecía de la confianza del Congreso, y sin eso, ¿para qué seguir en la Moncloa?

Más de 20 años después, el presidente Mariano Rajoy puede ver cómo sus Presupuestos para el 2018, presentados con seis meses de retraso, son rechazados por el Congreso a pesar de haber obtenido varios apoyos, incluido el de Ciudadanos. Si eso ocurre, debería convocar elecciones al haber perdido la confianza de la mayoría de la Cámara. Con ese riesgo en mente la pregunta pertinente es: ¿por qué los ha presentado? ¿Por qué no ha continuado con la prórroga de los del año pasado y ha empezado a elaborar y negociar con sus socios los del 2019, que debería presentar antes del 31 de septiembre? ¿Tan importante es el proyecto ahora presentado para la consolidación de nuestra recuperación, cerrar las heridas del pasado y preparar a España para los retos del futuro? No lo parece, la verdad. Conocidos ya todos los datos y documentos, los Presupuestos presentados están hechos con el piloto automático, salpicados de anuncios discrecionales y selectivos que ya veremos si finalmente se ejecutan o se queda todo, otra vez, en salvas con aroma preelectoral.

Iniciando el quinto año de recuperación, los ingresos consolidados del Estado (incluyendo la Seguridad Social) habrán subido, desde el 2013, unos 30.000 millones de euros, mientras que los gastos lo harán en 20.000 millones. La sensibilidad de nuestros ingresos públicos al ciclo económico es muy alta. Así, se desplomaron cuando las crisis del 2008-2010 y se recuperan con fuerza en la recuperación. Si, además, arrastramos la fuerte subida realizada en el 2011 por el nuevo Gobierno popular, no debe extrañar que crezcan los ingresos del Estado, sobre todo, los ligados al IRPF y las cotizaciones sociales. Mayor interés reviste la evolución del gasto durante la recuperación, donde hay que reseñar tres partidas: las pensiones, que crecen mucho por el incremento del número de pensionistas y de la pensión media como consecuencia de haber tenido los actuales pensionistas salarios más altos; los intereses de la deuda, que rebajan su cuantía, no por disminución del volumen de deuda (que crece) sino por los bajos tipos de interés y, sobre todo, el gasto en desempleo, que se reduce durante la recuperación en 10.000 millones de euros, no tanto por la caída en el número de parados (más de la mitad están excluidos) como por los duros recortes aplicados sobre las condiciones para percibirlo que ha llevado la tasa de cobertura a niveles vergonzosamente mínimos.

El ministro Cristóbal Montoro ha destacado de estos Presupuestos los aumentos en los sueldos de funcionarios (una zanahoria, tras años de congelación) y las subidas en algunas pensiones, pero sin modificar el factor legal de revalorización como exigían los pensionistas en sus manifestaciones. También incluyen: mayores inversiones en I+D, pero esta partida está bajo sospecha porque en el Presupuesto del 2017 apenas si se gastó un tercio de lo que «se vendió», y otras partidas «con trampa», bien porque requiere complemento de las comunidades autónomas (violencia de género), bien porque se someten luego en el reglamento a tales condiciones que excluyen, en la práctica, a la mayoría de beneficiarios potenciales (garantía juvenil, por ejemplo).

Estos Presupuestos consolidan el proceso de empequeñecimiento del Estado. Tanto los ingresos, como los gastos públicos se sitúan en España, en relación al PIB, ocho puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona. Pero ello, con ser importante, no significa un Estado más eficiente, sino uno más injusto: recaudamos menos por unidad de PIB (hay más fraude y elusión fiscal), a la vez que nuestras políticas sociales atacan poco los problemas de ese 25% de la población que son los más desfavorecidos.

Dicho de otra manera, tenemos un Estado que recauda impuestos de manera menos progresiva y los distribuye de manera menos equitativa que otros países de nuestro entorno. Y eso sigue igual. Así pues, presentar unos Presupuestos innecesarios a estas alturas, continuistas, sin reformas, teñidos de electoralismo y sin garantía de que puedan obtener la confianza del Congreso, ¿a qué les suena? Pues a mí, también.