El conflicto generado por la prohibición de la DGA a que pudiera abrir este curso el colegio privado Ánfora --y concertado por el anterior Gobierno del PP-- está generando una polémica que incluye aristas administrativas, políticas, oportunistas y puede que acabe hasta en jurídicas. De momento, los niños cuyos padres optaron por inscribirlos en el colegio concertado y se han quedado sin posibilidad de plaza, ya están reubicados. Eso es lo principal, y ahí la Consejería de Educación está gestionando el proceso con criterio. No se puede dar luz verde a una instalación escolar si hay riesgos de seguridad. Y a partir de ahí cada uno puede y debe defender los criterios que crea oportunos por la vía que considere pertinente. Lo que el sector educativo, pero también el resto de la ciudadanía, no puede obviar es el proceso que se siguió para conceder el concierto, con plazos y garantías inusualmente benévolas mientras se frenaba la agilización de un nuevo colegio público de cuya necesidad dan muestra los numerosos barracones que complementan sus aulas. La gestión del anterior Gobierno queda en evidencia. Y hablamos de educación.
