Hoy, tras un largo periodo de pugna verbal, los trenes llamados a protagonizar el choque institucional entre las instituciones del Estado y la Generalitat partirán de sus estaciones en sentido contrario. Hoy está previsto que, tras retrasar la tramitación de la ley del reférendum y de las leyes de desconexión en la mesa del Parlament para evitar su suspensión, la mayoría independentista apruebe el primer texto y tal vez el segundo. A continuación, la ley del referéndum se publicará en el Diario Oficial, y después el Govern en pleno firmará el decreto por el cual se convoca formalmente la consulta. Cataluña, y el resto de España, entrarán en aguas políticas y legales desconocidas. Si el guion en el Parlament está más o menos escrito, el primer paso de las instituciones del Estado, también: la impugnación por parte del Gobierno de los textos ante el Tribunal Constitucional (TC) y la suspensión automática que se produce siempre que el Estado recurre iniciativas de las autonomías. Dado que el Govern ha anunciado su intención de no hacer caso al TC, habrá que ver qué mecanismos activa el Estado para que la Generalitat cumpla la decisión del TC. Inhabilitaciones y sanciones están encima de la mesa. El enfrentamiento, pues, está servido. Ayer la presión del Estado se acentuó a través del Tribunal de Cuentas, que citó el 25 de septiembre a altos cargos y técnicos para afrontar los gastos de la consulta del 9-N.
