Para lo único que ha servido el informe del Consejo de Estado en el que certifica la miserable indecencia de Trillo en la tragedia del Yak-42 es para certificar también que ese cementerio de egregios elefantes no sirve ni para cascarla. Cuarenta y tantos miembros, a una media de 100.000 euros al año y con una vanidad que se refleja en retratos de a 45.000, han necesitado trece años para concluir que Trillo mentía cuando dijo que no había informes que advirtieran de los riesgos de contratar aviones rusos destartalados. Existían, los han visto e interpretado, pero como el Consejo solo es un órgano consultivo y «han pasado muchísimos años», como sentencia Rajoy, pues que nada, que Trillo sale de la Embajada de Londres por su propio pie para acomodarse en el Consejo de Estado que le ha puesto de vuelta y media. Y no me digan que no es surrealista que la ministra de Defensa calme a las familias de los 62 militares muertos anunciando que rebuscará «por tierra, mar y aire» esos informes para hacer una investigación. Otra más. Pero, ¿qué tiene que rebuscar Cospedal? ¿No ha dicho el Consejo de Estado que existen los informes? ¿Tanto cuesta meterlos en un sobre y enviarlos a Defensa de, donde se supone, habrán salido? Este organismo del Estado, que nos cuesta más de diez millones al año, ni pincha ni corta, solo opina y sobrevalora sus propios atributos hasta extremos inauditos: como cuando la vicepresidenta quiso reorganizar la Administración hace dos años y el Consejo puso objeciones para, por ejemplo, disolver la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén.
*Periodista
