Hay un ejercicio muy interesante en la política española que consiste en comprobar cómo aquellos políticos que tienen la Constitución constantemente en la boca son aquellos que con más aplicación se dedican a burlarla. Es una regla casi matemática aquella que establece una relación directa entre invocar la Constitución y desarrollar políticas que no solo no se amparan en la Constitución, sino que la violan concienzudamente. Durante tiempo fue lugar común político, entre los partidos sistémicos, escandalizarse ante cualquier propuesta de modificación de la Constitución. Hasta que esos mismos partidos, hace pocos agostos, con caniculidad y alevosía, decidieron romperle la espina dorsal a la Constitución, colocando a los bancos por delante de la personas con su famosa modificación del artículo 156. Todo sea por agradar a los amos, pensaron PP y PSOE.
En los 90, esa presunta defensa de la Constitución se plasmó en lo que se denominó bloque constitucional. Las apelaciones a la sacrosanta Constitución constituían la rutina cotidiana de nuestra política, a pesar de que luego esa misma Constitución fuera olvidada por completo en los desarrollos legislativos. Pero era preciso envolverse en la Constitución frente a quienes, al parecer, la cuestionaban. Hoy volvemos a encontrarnos, de la mano de ese singular partido que es Ciudadanos, que dice que nació para acabar con la vieja política pero que en su práctica política no hace sino apuntalar con denuedo a uno y otro lado, con la referencia al constitucionalismo, dicen ahora, para remitir a lo que representan ellos mismos, PP y PSOE. Ciudadanos reclama un pacto de los partidos constitucionalistas, es decir, de aquellos que se caracterizan por haberla despreciado primero y prostituido después.
La Constitución española vigente es una constitución que, salvo algunos artículos, especialmente el 159, puede considerarse tremendamente progresista, muy a la izquierda de la situación política de nuestro país y de Europa incluso. Aplicar la Constitución supondría una verdadera revolución para la sociedad española. No en vano, Alberto Garzón citó un artículo de la Constitución en un tuit, el que hace referencia a que toda la riqueza del país deberá supeditarse a los intereses generales e inmediatamente desde los partidos "constitucionalistas" se lanzaron a degüello llamándole comunista. Eso demuestra cuánto conocen la Constitución que dicen defender.
En el debate que desde ciertos sectores de la izquierda se lanzó hace un tiempo sobre la necesidad de un proceso constituyente, siempre me he mostrado muy escéptico, cuando no contrario. No me parece que el problema político de nuestro país sea el de su Constitución. Sus únicos déficits democráticos son, grosso modo, los referentes a la Monarquía y al mencionado artículo 159, que pretende desactivar toda la carga social de la Constitución. Defender la Constitución, tal como ya planteó Anguita en los 90 (¿acaso no nos llaman, despectivamente, hijos de Anguita? Y lo hacen los hijos de Felipe González, tiene tela-), puede ser un programa político básico que, probablemente, sería bien entendido.
Errejón apuntó en esta dirección en una entrevista que le realizó esa fina analista política que es María Teresa Campos. En ella planteó la necesidad de hacer cumplir la Constitución en todos sus artículos, e hizo referencia a los que hablan del derecho universal a la vivienda o al trabajo. La entrevistadora se apresuró a espetar que eso es imposible, que la Constitución lo dice, pero bueno, que es solo un decir. Como si una Constitución fuera un lugar para frivolizar. Desgraciadamente, esa es la idea que se quiere trasladar a la población, que esos planteamientos son poses sin vinculación política. Cuando más bien es todo lo contrario, su realidad solo depende de la decisión política.
Nuestra Constitución defiende la sanidad y la educación universal, la universalidad en el acceso a la vivienda y al trabajo, la supeditación de la riqueza del país a las necesidades sociales. Frente a los constitucionalistas de boquilla, ahí tenemos un magnífico programa político. Cojamos la Constitución en nuestras manos. Aun así, nos llamarán radicales y bolivarianos.
