Malos tiempos corren. Malversación de fondos, fraude, corrupción a todos los niveles de la vida pública, gestiones de gobierno bajo sospecha..., y la respuesta de los poderes, el aquí no pasa nada y la política del "otros vendrán que buenos nos harán", aprovechando la desmemoria generalizada de la sociedad en general. Ante semejante panorama y en medio de la inanición democrática, algunos como el consejero Bermúdez de Castro plantean mayores controles de las empresas públicas, contratación de más personal y mejor cualificado, si con ello se garantizan auditorías que detecten irregularidades como las de Plaza, en cuyo desarrollo, y según sus interventores, no pudo haber informes por falta de recursos, en un momento en el que más dinero se manejaba en el proyecto. Y es que fíjense cómo funciona de bien el sistema, que incluso con la que está cayendo, no se ejecuta un plan de auditorías exhaustivas para todas las empresas públicas. ¿No piensan bajar la persiana de alguna de sus sociedades fantasmas? Y, ¿qué me dicen de figuras tan anacrónicas como el Justicia de Aragón? Su titular y sus 13 asesores de libre designación le cuestan a Aragón más de 2 millones de euros, un coste más que elevado teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica y "su escasa utilidad", ya que como acertadamente señala Carlos Aparicio (UPD), solo sirve "para hacer recomendaciones, en su mayor parte ignoradas por el Gobierno de Aragón o los ayuntamientos". Acaben con lo superfluo.

Periodista y profesora de universidad