La operación de registro de la Guardia Civil en las sedes vinculadas a Convergencia, ha levantado el lógico revuelo político en puertas de la campaña electoral del 27-S. Se trata de unas diligencias ordenadas por el juzgado de El Vendrell derivadas del caso Torredembarra, de presunta financiación ilegal de CDC (el famoso 3%), a cargo de la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, vinculada al partido y a su fundador, Jordi Pujol. Es pues un caso en manos de un juez, no una acusación basada en documentos redactados en oscuros despachos policiales, sin paternidad conocida, como ha ocurrido otras veces. Puede alegarse que la intervención está sospechosamente ligada a la campaña electoral, para perjudicar el proceso soberanista, pero vale también la réplica de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría de que "las operaciones anticorrupción no entienden de partidos ni fechas electorales", como bien han experimentado recientemente el propio PP con el caso Púnica y el PSOE, con el de los ERE.
