La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se ha enredado con una retahíla de declaraciones y desmentidos sobre la posibilidad de reformar el copago sanitario de los pensionistas que cobran más de 18.000 euros al año. Lo insinuó en el Congreso de Diputados sin que la oposición le replicara, lo entredijo en una entrevista periodística, lo explicitó en una radio, lo desmintió en Twitter y lo reiteró en una intervención televisiva. La secuencia, con independencia de la opinión que nos merezca la medida, es de una gran irresponsabilidad puesto que alarma innecesariamente a un colectivo vulnerable desde todos los puntos de vista como es el de los jubilados .

Para acabar de agravarlo, la propuesta es de una gran frivolidad porque difícilmente tiene base política en la que sustentarse. El partido de la ministra no llevaba este asunto en su programa, ni Rajoy lo mencionó en la investidura ni lo ha planteado en los pactos con quienes le apoyan parlamentariamente. Una ministra de un Gobierno en minoría no puede pasearse por los estudios y los platós confundiendo a la población con el anuncio de medidas que no cuentan ni con el respaldo del Gobierno ni con la mayoría necesaria en el Congreso.

Si entramos en el fondo de la cuestión, el asunto merece un debate más de fondo. En primer lugar sobre la equidad y la progresividad fiscal. La crisis y el crecimiento de las desigualdades ha puesto sobre la mesa los defectos de una fiscalidad como la española que se basa principalmente en la progresividad de los impuestos pero que también incluye el copago de servicios públicos por parte de los usuarios en la sanidad, en el transporte, en el medio ambiente, en la educación superior o en las infraestructuras.

Ciertamente, el actual sistema de copago de los medicamentos crea zonas de inequidad en las fronteras de los tramos de ingresos de los pensionistas y entre estos y los trabajadores activos. Pasa siempre que se recurre a la aportación de los usuarios, en este caso más por razones disuasorias que financieras.

La solución exige a quienes piden la eliminación de los copagos que propongan algún tipo de alternativa para hacer sostenible el gasto sanitario. Y llegados a este punto, es evidente que el problema más urgente no es el gasto de los pensionistas en medicamentos.