Un paso más allá de las náuseas habituales que por sí misma provoca la corrupción que nos rodea, hay un capítulo añadido casi diario que dispara la ira contenida: el cuajo y cinismo cuando no suficiencia o petulancia con la que la mayoría de los dirigentes del PP se toman las evidencias que dejan al partido del Gobierno con las vergüenzas al aire. A la cabeza, claro, Mariano Rajoy, que sin moverse de la mecedora ha decidido él solito que la corrupción no preocupa a los españoles. Y punto. Así, de paso, se evita preguntas capciosas en el Congreso sobre financiación ilegal.

Sin embargo, no es eso lo que viene reflejando machaconamente el CIS, que mantiene a la corrupción como el segundo problema para un 35,1% de los encuestados, si bien es cierto que solo un 10,9% reconoce que le afecta personalmente. Y eso que nos cuesta, como país, 87.000 millones de euros anuales, según ha constatado la CNMC, y que en la práctica se traduce en recortes básicos y, en consecuencia, en desigualdad social. Llama la atención, además, que la percepción del estiércol va por barrios: apenas el 7% de los votantes del PP dan importancia a la corrupción como principal problema frente al 25,9% de los que lo hacen por Unidos Podemos. Entremedio quedan los de PSOE (16,8%) y Cs (16,5%). Así se entiende el argumento falaz urdido por la cúpula de los conservadores: las responsabilidades se lavan en las urnas.

Otro alegato tan hipócrita como repetido es que son cosas de hace años, pese a que no dejan de aflorar ramificaciones, sobre todo ahora que más de un encausado ha decidido tirar de la manta, la colcha y el edredón. El mejor ejemplo lo encontramos en la trama valenciana de la Gürtel, donde Ricardo Costa puso la guinda a las confesiones de 9 empresarios admitiendo pagos fraudulentos para la financiación del PP, apuntando a un ya inimputable Camps, otrora principal sostén de M. Rajoy. Por cierto, se trata de la misma comunidad en la que, según el Barómetro 2017 de la Generalitat, un 5% cree que aún gobierna allí el PP mientras el 24,5% no sabe o no contesta.

El factor definitivo lo aporta la lentitud de la propia judicatura, donde impera una falta de medios denunciada incluso por las asociaciones de jueces. Hasta la Comisión Europea sitúa a España como el tercer Estado de la UE donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. ¿Conseguirá el PP que la corrupción muera de vieja? H *Periodista